“Al visitar a un adolescente en un instituto de menores, debemos reconocer que hemos llegado tarde, que esto no debería haber ocurrido”. De esta manera, el obispo auxiliar y vicario general de la arquidiócesis de Buenos Aires, Gustavo Carrara, se refería al proyecto de bajar la edad de la imputabilidad de los menores.
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Consideró que mayoritariamente se encuentran con adolescentes que desde que nacieron padecen la pobreza en todas sus dimensiones, y resulta muy duro que el primer encuentro mano a mano del Estado con estos menores sea a través de la justicia penal.
Abierto a la esperanza
El arzobispo porteño se preguntó si el problema son los menores pobres en conflictos con la ley, o si el problema de raíz es la decisión y voluntad de sostener a lo largo del tiempo una política pública de inclusión e integración social.
“Es necesario un régimen penal juvenil verdaderamente humano y abierto a la esperanza, con todas las garantías del proceso, sin bajar la edad mínima de responsabilidad penal, es decir, manteniéndola en 16 años”, reclamó Carrara.
Cree que esta reglamentación estaría más acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y, en particular, con la Convención de los Derechos del Niño, ya que, con este marco, aparecen algunas soluciones: justicia restaurativa, mediación, remisión de casos, medidas no privativas de libertad.
Víctimas
“Los menores que son llevados al delito por organizaciones criminales son sus víctimas”, afirmó el vicario general de Buenos Aires. Es justamente el Estado quien debe alejarlos de esa opción y no reafirmarlos en el rol de delincuentes.
Sostuvo que cuando se ve a adolescentes con armas en sus manos, habría que preguntarse por qué los hemos dejado en orfandad, expuestos a situaciones que los daña. Y añadió que los adolescentes no son responsables del tráfico de armas, ligado en la mayoría de los casos al narcotráfico.
Este escenario es particularmente dramático en villas, en donde los menores son casi el 50% de la población.
Integración de los barrios populares
Para el obispo se hace cada vez más necesario el proceso de integración socio-urbana de los barrios populares que comienza insertando a los chicos en las escuelas y a sus familias en trabajos dignos. Además se generan espacios públicos de recreación, con participación comunitaria, servicios sanitarios, acceso a agua potable, electricidad y cloacas.
“Es necesario tener cuidado del populismo penal. Es decir, la creencia de que mediante tal pena se pueden obtener los beneficios que en realidad requeriría la implementación de otro tipo de política económica y de inclusión social”, aseveró Gustavo Carrara.
Asimismo, estimó que hay que evitar la tendencia a construir deliberadamente enemigos: figuras estereotipadas que concentran en sí todas las características que la sociedad percibe o interpreta como peligrosas, sobre todo cuando se refieren a menores.
Deuda social
Recordó las palabras del papa Francisco, quien opinó ante una delegación de la asociación internacional de derecho penal que son los Estados quienes deben abstenerse de castigar penalmente a los chicos que no han completado su desarrollo hacia la madurez, y no pueden ser imputables. En cambio, sí deben ser los destinatarios de todos los privilegios que el Estado puede ofrecer, en lo que se refiere a políticas de inclusión o a prácticas orientadas a hacer crecer en ellos el respeto por la vida y por los derechos.
Carrara consideró que la respuesta primera a los inimputables es el cumplimiento de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061).
Finalmente, el prelado porteño aseveró: “La deuda social con los menores es la gran deuda de los argentinos, no se trata solamente de un problema económico o estadístico, es principalmente un problema ético que nos afecta en nuestra dignidad más esencial.
