El medio portavoz de la Sociedad de San José que ahora asiste a las monjas excomulgadas, reclama apoyar a la comunidad a través de campaña de recaudación digital clásica, tras no lograr el reto de conseguir 20.000 euros en un mes
Las ex clarisas de Belorado no se rinden en su empeño por recaudar fondos con tal de no someterse a las condiciones formuladas por el Arzobispado de Burgos para ayudarles a gestionar sus ingresos y gastos. Después de su frustrado ‘crowdfunding’, en tanto que solo consiguieron 2.723 euros de los 20.000 que se pusieron como meta en un mes, ahora han reactivado su ‘cepillo’ digital. Se sirven una vez más de la plataforma PayPal, eso sí, sin marcarse reto alguno en el horizonte.
Así lo explica en redes sociales el equipo de Controvérsia Católica, el medio oficial de la Sociedad de San José, el grupo sedevacantista liderado por el falso obispo Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva, que desde hace unas semanas es el nuevo mentor de las monjas excomulgadas por Roma.
En su cuenta de X, facilitan el “enlace actualizado” para enviar donaciones “en la persona de una de las hermanas”. En estos términos se refieren a la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad, de nombre civil Laura Gil de Biedma, que abandera esta iniciativa en nombre de la llamada Asociación Santa Clara de Belorado.
Esta solicitud de apoyo por parte de la entidad en la que se amparan ahora las religiosas cismáticas llega cuando se cumplen tres meses de que rompieran con Roma y dos meses desde que sus cuentas fueran intervenidas por parte del arzobispo de Burgos y comisario pontificio, Mario Iceta. Desde entonces los desencuentros entre las ex clarisas y la comisión gestora creada por Iceta se han multiplicado.
La propia priora defenestrada por la Santa Sede acusaba hace unos días a través de Instagram a Iceta de que “nos está llevando a la total ruina”. “Me siguen todos los días llegando impagos, impagos, impagos…”, denunciaba la ex monja contemplativa, que asegura que no se están pagando facturas de suministros, de proveedores y nóminas. Esta versión contrasta con la ofrecida por el equipo de Iceta, que insiste en “se han gestionado los pagos de aquellos trabajadores y proveedores que han seguido el protocolo establecido por la comisión gestora”.