Días pasados, seis legisladores del partido oficialista “La Libertad Avanza” visitaron a condenados de la última dictadura militar en la cárcel, lo que generó malestar en el cuerpo legislativo y en el propio gobierno, pidiendo incluso su expulsión. Según los trascendidos, están promoviendo la prisión domiciliaria de los represores.
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Uno de los señalados como animador de esta visita es el presbítero Javier Olivera Ravasi, hijo de un exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad. Surgido del Instituto de Verbo Encarnado está incardinado a la diócesis de San Rafael (Mendoza), pero residiendo fuera de ella.
Revocación del permiso
En su momento pidió a la diócesis de Zárate-Campana (provincia de Buenos Aires) residir allí por razones familiares, lo que fue concedido desde agosto hasta diciembre de 2019. Según el obispado, “posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”.
Asimismo, en el comunicado, el obispado confirmó que, en reiteradas ocasiones se recibieron quejas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano, sobre todo proviniendo de un sacerdote. Por tal motivo, se le requirió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder.
Al observarse que hasta el presente no hubo ninguna modificación en su accionar, teniendo en cuenta que este sacerdote no pertenece a la diócesis de Zárate-Campana, y por el bien de la comunidad diocesana, después de las consultas pertinentes, se le ha comunicado que no cuenta ya con autorización para residir en dicha jurisdicción.
Desde el episcopado, también se han desmarcado de la actitud del sacerdote, y aclararon que no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina.
