El Ministerio del Interior de Nicaragua llevó a cabo el mayor cierre de organizaciones no gubernamentales (ONGs) en la historia, al cancelar la personalidad jurídica de 1,500, en su mayoría cristianas y evangélicas, pero también católicas, como la Cáritas Diocesana de Granada y la Orden de Frailes Menores Capuchinos.
El régimen sandinista de Daniel Ortega informó, a través de su órgano de gobierno ‘La Gaceta’, sobre esta medida, que responde a la falta de reportes de entre 1 hasta 35 años de sus estados financieros, “conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas”.
Apenas la semana pasada el gobierno nicaragüense anunció que reformará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), las cuales deberán, de ahora en adelante, formar ‘alianzas’ con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos.
“Las ONG que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como ‘alianzas de asociación’“, dijo el 16 de agosto la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo.
En tanto, medios disidentes dieron a conocer que luego de la detención de los sacerdotes Leonel Balmaceda y Denis Martínez, el 10 y 11 de agosto, respectivamente, fueron ya expulsados por el gobierno y enviados a Roma.
El primero es párroco de la iglesia Jesús de Caridad de La Trinidad en la Diócesis de Estelí, mientras que el segundo es formador en el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima de Managua, del clero de la Diócesis de Matagalpa. Las Diócesis de Estelí y de Matagalpa eran administradas por el obispo Rolando Álvarez, quien en enero de este año fue también enviado a Roma.
Los informes de la disidencia además señalaron que Danny García, párroco de la iglesia San Juan Bautista de Matagalpa, habría sido ‘liberado’ tras conocerse su detención por la policía nicaragüense el 15 de agosto y ya habría abandonado Nicaragua.
En tanto, el más reciente informe de la abogada nicaragüense en el exilio, Martha Molina, reveló que desde 2018, 245 religiosos se han visto obligados al exilio o han sido expulsados, entre ellos el nuncio apostólico Waldemar Sommertag, tres obispos, 136 sacerdotes, tres diáconos, once seminaristas y 91 monjas o religiosas.
Según el documento, 19 religiosos, entre ellos el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez; el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez y otros 14 sacerdotes, fueron declarados ‘traidores a la patria’ y se les retiró su nacionalidad.