El gobierno de Nicaragua obliga a la Iglesia católica a pagar impuestos

El gobierno de Nicaragua cobrará impuestos a la Iglesia católica y a las de cualquier otro culto religioso, luego de una serie de reformas a la Ley de Concertación Tributaria.

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El presidente Daniel Ortega derogó el punto de esta ley que eximía del impuesto sobre la renta a las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas, por lo que, se prevé que después de lo anunciado en el diario oficial ‘La Gaceta’, ahora éstas pagarán entre el 10% y 30% de sus ingresos anuales, dependiendo del monto de los mismos en cada periodo fiscal.

Al referirse a dichas reformas, la abogada nicaragüense en el exilio, Martha Patricia Molina, opinó: “La dictadura Ortega-Murillo ‘legaliza’ lo que estaba realizado de facto y que ya habíamos denunciado, y que el cardenal Leopoldo José había asegurado que era un tema resuelto. Ahora toda Iglesia, independientemente de su denominación, deberá pagar impuesto”.

La medida del gobierno nicaragüense se aplicará también a escuelas y a otras instituciones sin fines de lucro; los únicos que quedarán exentos de la medida serán “instituciones de naturaleza sindical, partidos políticos, Cruz Blanca Nicaragüense, Cuerpos de Bomberos y comunidades indígenas que tengan personalidad jurídica”.

Un ‘zarpazo’ fiscal para la Iglesia

Para Martha Patricia Molina, autora de los informes ’Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?’, con ese ‘zarpazo’ fiscal terminará de ahogar financieramente a la Iglesia.

También recordó que, en semanas anteriores, “autoridades del régimen habían visitado parroquias para saber cómo llevan sus cuentas; pidieron ver los libros mayores y menores, ingresos y egresos, que obviamente la administración parroquial no se lleva así. Ahora los curas tendrán que contratar a un contador público para que lleve todas estas cuentas y decir también quiénes son sus principales donantes”.

Cabe señalar que en ‘La Gaceta’ también se anunció la cancelación de personalidad jurídica de 151 organismos sin fines de lucro, casi todos cámaras de comercio internacionales y sectoriales, así como ganaderos y productores.

Las organizaciones -se informó- no cumplieron con la ley al no declarar estados financieros de 1 a 31 años “con desgloses detallados de ingresos y egresos, balance de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas”.