La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio a conocer un informe sobre Nicaragua, en el que documenta diferentes violaciones a las garantías individuales, como el hecho de que al menos 27 sacerdotes y seminaristas católicos fueron detenidos arbitrariamente entre octubre de 2023 y enero de 2024, en tanto que 31 clérigos fueron expulsados del país tras permanecer detenidos.
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El documento, con fecha del 2 de septiembre de 2024, refiere también algunas situaciones ocurridas a partir del 15 de junio de 2023, con base en 120 entrevistas de víctimas y testigos de violaciones de los derechos humanos, reuniones con representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional, así como en el análisis de documentos gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales.
Entre las afirmaciones de esa oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca: “La situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado gravemente desde el año pasado, con un aumento de los casos de detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, malos tratos bajo custodia y ataques contra pueblos indígenas”.
Casi 400 organizaciones religiosas canceladas
En el apartado sobre libertad de religión y derecho a la educación, la ONU refirió que se siguió documentando restricciones indebidas a la libertad religiosa; además, destacó la cancelación “arbitrariamente de la personalidad jurídica de la Universidad Centroamericana… confiscó sus bienes, instalaciones y cuentas bancarias, afirmando que era un centro de entrenamiento para terroristas”.
Parroquia Inmaculada Concepción de María Sebaco. Nicaragua
Asimismo -señaló- “se canceló arbitrariamente la personalidad jurídica de organizaciones religiosas, limitando el derecho de comunidades religiosas a ejercer su libertad de asociación. Y es que, según informes de la sociedad civil nicaragüense, a mayo de 2024, 392 organizaciones religiosas han perdido su personalidad jurídica desde 2018″.
Destacó también la expulsión del país, rumbo a la Santa Sede, del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, “detenido arbitrariamente desde agosto de 2022, mantenido en condiciones inhumanas que incluyeron periodos prolongados de aislamiento y privado arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense”.
Nicaragua “erosionada”
En ese contexto, el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, consideró que “la crisis multifacética que ha afectado a Nicaragua desde 2018 requiere un cambio urgente de rumbo por parte del gobierno”.
“Es preocupante ver cómo el espacio cívico continúa siendo severamente erosionado en Nicaragua y cómo el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales se está volviendo cada vez más difícil”, añadió.
Entre las muchas recomendaciones en el informe de la ONU se encuentra el restablecimiento urgente de la personalidad jurídica de las asociaciones civiles y religiosas; asimismo, “garantizar el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación y sancionar cualquier ataque o intimidación contra defensores de los derechos humanos, incluidos las defensoras de los derechos humanos y líderes religiosos… entre otros”.
