Una declaración de dos páginas, con 7 párrafos, emitió el Comité Permanente del Episcopado de Chile ante “los hechos de corrupción, tráfico de influencias, fraudes, mal uso de información privilegiada, malversación de fondos públicos y delitos económicos que se vienen conociendo en los últimos años” y que “son motivo de honda preocupación para la inmensa mayoría del país”, señalan.
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La declaración, titulada “Ante el mal extendido de la corrupción”, apunta que en esos actos “están involucradas personas de distintos ámbitos, pero resultan especialmente graves cuando se refieren a autoridades públicas y a organismos del Estado, que por su naturaleza están al servicio del bien común, especialmente de las personas vulnerables. Los pobres son los grandes perjudicados con estas conductas y ello debe ser motivo de una fuerte condena social”.
Agregan que “más allá de lo que la justicia decida, estos hechos expresan una crisis ética de proporciones y requieren de una actuación fuerte y decidida por parte de los órganos llamados a juzgar, de los cuales se espera celeridad, objetividad y transparencia; como así mismo, el respeto a la honra de las personas, particularmente al dar a conocer informaciones”.
Corrupción afecta el sistema democrático
Los obispos hacen ver “que estos procesos de corrupción vulneran muy gravemente la justicia social y son motivo de un aumento cada vez más significativo de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones esenciales del país y en un desprestigio de la vida política, social y económica”. Indican como especialmente grave que “la corrupción afecte aquel poder del Estado, llamado a dirimir las controversias, como es el caso del ámbito judicial”.
Señalan que estos hechos “afectan indefectiblemente a nuestro sistema democrático, que en vez de verse asegurado por una auténtica imparcialidad para promover a los cargos de conducción del Estado a los mejor preparados, se va transformando en un verdadero sistema de influencias, que compromete su correcto y justo funcionamiento”. Indican que estas conductas “éticamente reprochables” “van haciendo crecer un estado de crispación social y cansancio, que termina por justificar las propias conductas abusivas e inmorales, no solo de los poderosos, sino de las personas comunes”.
Los obispos llaman a que “todos debemos reaccionar adecuadamente ante estos males, cuyos gérmenes tienden siempre a extenderse. Pero ello es particularmente exigible a los órganos públicos llamados a investigar y sancionar estas conductas, que deben adoptar decisiones drásticas y eficaces, que permitan recuperar la confianza pública perdida. Es necesario adoptar políticas que conduzcan a poner en el centro de nuestros comportamientos la honradez, el respeto a los bienes ajenos, no sólo los materiales necesarios para una vida digna, sino también otros intangibles pero reales, especialmente los espirituales; que necesitamos para el bienestar al que todos tenemos derecho” pide la declaración.
Concluyen pidiendo “a Dios, Padre de todos, que nos conceda la fortaleza y sabiduría para preservar a nuestro país como un lugar donde no haya espacio para ningún tipo de abusos y en el que los bienes del amor a Dios y al prójimo, regla esencial de nuestro comportamiento, guíen siempre nuestras actuaciones”.
Firman el arzobispo de La Serena, René Rebolledo, presidente; Ignacio Ducasse, arzobispo de Antofagasta, vicepresidente; Sergio Pérez de Arce, arzobispo de Concepción, secretario general; Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago; y Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo.
