Obispos de Chile claman ante la crisis ética y la corrupción

12/09/2024 | Roberto Urbina Avendaño

“Honda preocupación en el país generan los sucesivos hechos graves de corrupción”, afirma el Episcopado, que llama a todos a reaccionar adecuadamente

Una declaración de dos páginas, con 7 párrafos, emitió el Comité Permanente del Episcopado de Chile ante “los hechos de corrupción, tráfico de influencias, fraudes, mal uso de información privilegiada, malversación de fondos públicos y delitos económicos que se vienen conociendo en los últimos años” y que “son motivo de honda preocupación para la inmensa mayoría del país”, señalan.

La declaración, titulada “Ante el mal extendido de la corrupción”, apunta que en esos actos “están involucradas personas de distintos ámbitos, pero resultan especialmente graves cuando se refieren a autoridades públicas y a organismos del Estado, que por su naturaleza están al servicio del bien común, especialmente de las personas vulnerables. Los pobres son los grandes perjudicados con estas conductas y ello debe ser motivo de una fuerte condena social”.

Agregan que “más allá de lo que la justicia decida, estos hechos expresan una crisis ética de proporciones y requieren de una actuación fuerte y decidida por parte de los órganos llamados a juzgar, de los cuales se espera celeridad, objetividad y transparencia; como así mismo, el respeto a la honra de las personas, particularmente al dar a conocer informaciones”.

Corrupción afecta el sistema democrático

Los obispos hacen ver “que estos procesos de corrupción vulneran muy gravemente la justicia social y son motivo de un aumento cada vez más significativo de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones esenciales del país y en un desprestigio de la vida política, social y económica”. Indican como especialmente grave que “la corrupción afecte aquel poder del Estado, llamado a dirimir las controversias, como es el caso del ámbito judicial”.

Señalan que estos hechos “afectan indefectiblemente a nuestro sistema democrático, que en vez de verse asegurado por una auténtica imparcialidad para promover a los cargos de conducción del Estado a los mejor preparados, se va transformando en un verdadero sistema de influencias, que compromete su correcto y justo funcionamiento”. Indican que estas conductas “éticamente reprochables” “van haciendo crecer un estado de crispación social y cansancio, que termina por justificar las propias conductas abusivas e inmorales, no solo de los poderosos, sino de las personas comunes”.

Los obispos llaman a que “todos debemos reaccionar adecuadamente ante estos males, cuyos gérmenes tienden siempre a extenderse. Pero ello es particularmente exigible a los órganos públicos llamados a investigar y sancionar estas conductas, que deben adoptar decisiones drásticas y eficaces, que permitan recuperar la confianza pública perdida. Es necesario adoptar políticas que conduzcan a poner en el centro de nuestros comportamientos la honradez, el respeto a los bienes ajenos, no sólo los materiales necesarios para una vida digna, sino también otros intangibles pero reales, especialmente los espirituales; que necesitamos para el bienestar al que todos tenemos derecho” pide la declaración.

Concluyen pidiendo “a Dios, Padre de todos, que nos conceda la fortaleza y sabiduría para preservar a nuestro país como un lugar donde no haya espacio para ningún tipo de abusos y en el que los bienes del amor a Dios y al prójimo, regla esencial de nuestro comportamiento, guíen siempre nuestras actuaciones”.

Firman el arzobispo de La Serena, René Rebolledo, presidente; Ignacio Ducasse, arzobispo de Antofagasta, vicepresidente; Sergio Pérez de Arce, arzobispo de Concepción, secretario general; Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago; y Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo.