Europa

El arzobispo Gallagher denuncia en el Senado de Polonia que la falta de libertad religiosa alienta la crisis democrática

El secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede imparte una conferencia en Varsovia





“La libertad de conciencia y de religión en un Estado democrático”. Este ha sido el título de la conferencia que ha impartido el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario vaticano para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, en el Senado de la República de Polonia. Un acto en el que ha denunciado que cada vez que se niegan derechos ligados a la dignidad humana, “el Estado asume una tendencia autoritaria”.



Crisis democrática

Gallagher denunció que en un mundo en el que crece la persecución de las minorías religiosas y en el que en un tercio de los países se viola la libertad religiosa, disminuyen los derechos humanos como “síntoma de una crisis universal que concierne al Estado democrático”. Y es que, lamentó, siempre que los derechos ligados a la dignidad y a la primacía de la persona humana “son suprimidos u olvidados, el Estado adquiere rápidamente una tendencia autoritaria”.

Para el prelado, cuando se tiende a “exaltar la libertad hasta tal punto que se convierte en un absoluto”, en la “fuente de los valores”, señaló según recogen los medios vaticanos. Y es que incluso en los países de mayor historia democrática, “la aplicación de la protección de la libertad religiosa se ve obstaculizada por factores que no parecen influir en otros derechos fundamentales” ya se produce “que las autoridades civiles nieguen o limiten toda forma de propaganda o promoción religiosa, so pretexto de mantener la neutralidad, el laicismo o la separación de la Iglesia y el Estado”, olvidando que esos principios “¡fueron establecidos como una forma de garantizar la libertad religiosa para todos!”. Si bien, añadió, “a veces es necesario poner límites prácticos a ciertas expresiones nocivas de la libertad religiosa, pero esto se hace precisamente con el fin de garantizar la misma libertad a los demás”. Pero si “los principios positivistas del Estado se sitúan por encima de los derechos humanos fundamentales, la aplicación de esos principios puede llegar a ser arbitraria”, denunció.

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