El arzobispo de Puerto Príncipe, Max Leroy Mésidor, asegura que la gente está exhausta y pide ayuda al Estado
El arzobispo de Puerto Príncipe y presidente de la Conferencia Episcopal Haitiana, Max Leroy Mésidor, se pronunció ante la masacre de 70 personas, entre ellas 10 mujeres y tres niños, y al menos 10 heridos de gravedad, perpetrado por la banda armada Gran Grif, quienes el 3 de octubre incendiaron 45 viviendas y 34 vehículos en la localidad de Pont-Sondé, según reportó la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De acuerdo con lo publicado por Vatican News, el arzobispo Mésidor expresó: “desde hace dos años, la comuna de Petite Rivière de l’Artibonite está abandonada. No hay presencia policial. Lo mismo ocurre con la ciudad de Liancourt. Estas dos zonas donde antes la vida era vibrante, ahora están abrumadas por la desesperación”.
“El país está completamente enfermo. Pero la situación en el oeste y en Artibonite, los dos departamentos más grandes, es aún peor. La gente está exhausta. Piden ayuda al Estado“, lamentó.
A su vez, la Conferencia Haitiana de Religiosos y Religiosas envió un mensaje de condolencias y condenó la masacre; manifestó que “la avalancha de bandas armadas y sus cómplices sigue haciendo estragos en todo el país… quizás incluso más que en las ocasiones anteriores, cuando víctimas inocentes fueron perseguidas y asesinadas, más allá de la sorpresa y el asco, en nuestros corazones crecen muchos sentimientos de ira y de búsqueda de la justicia”.
Consideraron que las guerras crean situaciones de injusticia y “pisotean la dignidad y los derechos de las personas“, asimismo, se cuestionaron “¿somos un pueblo condenado únicamente a vivir en la inmundicia y a convertirnos en vagabundos?”.
Por ello, hicieron un llamado a la conciencia de los gobernantes y dirigentes del país, así como a quienes “siembran el terror” en la sociedad: “Están sufriendo hoy por una sola razón, provienen de Dios y defienden la causa de los más débiles y desfavorecidos… ningún abuso contra personas inocentes y pacíficas quedará impune. La justicia de Dios es lenta pero segura”.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alrededor de 6300 personas huyeron de sus hogares luego de la masacre; la mayoría de los desplazados llegó a lugares de acogida, y otros refugios como en escuelas.
El ataque -se señala en la nota publicada por Vatican News- “tenía como objetivo amedrentar y asesinar a algunos civiles que se habían aliado con un grupo de autodefensa, el cual se creó dada la ausencia e incapacidad de las autoridades policiales para protegerlos”.
Luckson Elan, dirigente de la banda criminal, envió amenazas a través de mensajes de audio a los habitantes de Pont-Sondé, en los cuales dijo: “tenemos balas y munición para hacer lo que queremos”.
Elan había sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos ante su vinculación y responsabilidad en diversos crímenes y violaciones de los derechos humanos, entre ellos extorsión, obstrucción de la ayuda humanitaria, violencia sexual y de género.
En tanto, el gobierno de transición de Garry Conille aseguró que “los criminales responsables de estos actos abominables serán perseguidos y llevados ante la justicia sin tregua. El gobierno, en colaboración con el apoyo de la comunidad internacional, está decidido a intensificar sus acciones para erradicar este tipo de amenazas y llevar la paz a las zonas más afectadas por la inseguridad”.
De acuerdo a la OIM, la crisis humanitaria que se vive en Haití continúa empeorando y la violencia de las bandas criminales obligó a más de 110 mil personas a abandonar sus hogares en los últimos siete meses; esta situación aumentó en un 22 % el número de desplazados, que actualmente se ubica en más 700 mil personas que debieron dejar sus hogares.