Un año ha permanecido ‘olvidado’ el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia desde que el pasado 27 de octubre de 2023 se lo entregara a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y diera a conocer sus conclusiones a la opinión pública.
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Mañana 15 de octubre, su contenido revive para presentarlo ante la comisión mixta del Congreso y el Senado que se encarga de las relaciones con el Alto Comisionado. Ángel Gabilondo comparecerá ante este órgano para ofrecer un resumen de las 777 páginas que componen este estudio que lleva por título ‘Una respuesta necesaria’.
¿Un acuerdo?
Lo cierto es que la presentación en las Cortes del informe tiene lugar justo cuatro días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajara hasta el Vaticano para reunirse con el Papa y reclamara “un acuerdo” con la Iglesia para aplicar las líneas marcadas por el Defensor del Pueblo. A puerta cerrada, Gabilondo habría manifestado a lo largo de estos doce meses en un primer momento su deseo de presentar este estudio cuanto antes y, a medida que ha pasado el tiempo, también habría dejado caer su malestar por su postergación, según ha podido confirmar ‘Vida Nueva’.
Entre las claves del informe, el equipo de expertos que colaboró con Gabilondo denunció el “injusto silencio” eclesial ante esta lacra e incluía una veintena de recomendaciones, entre ellas, la creación de un fondo compensación a las víctimas de abusos, un órgano que determine las indemnizaciones pagar por el Estado y la Iglesia, así como un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas.
Relatos personales
Además, se espera que Gabilondo actualice el número de testimonios recabados por la oficina de víctimas. En el estudio se incluyeron 487 relatos personales a los que se han unido otros tantos, puesto que la unidad de atención a víctimas ha continuado abierta.
Su publicación tuvo como respuesta la convocatoria de una Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española que acogió y valoró las indicaciones dadas por el Defensor del Pueblo a excepción de la encuesta que incluía. Elaborado por GAD3, determinaba que un 1,13% de los encuestados aseguraba haber sufrido una agresión en el ámbito religioso.
Extrapolando este dato, elevaría la cifra a unas 440.000 personas, un dato que no se corresponde con una más significativa referencia con los casos cuantificados por el Defensor del Pueblo, por la Iglesia y por los medios de comunicación, aun cuando se diera por supuesto un porcentaje silenciado. Es más, de dar por cierta esa cifra de 440.000 víctimas significaría que cada sacerdote o religioso español sin excepción alguna habría tenido que abusar de hasta diez víctimas. Si se considerada exento de estas prácticas, al menos a la mitad del clero, cada presbítero habría abusado de una veintena de personas.
Iglesia en marcha
Más allá del sondeo demoscópico, y tras la publicación del cuestionado Informe Cremades encargado por los obispos, la Iglesia española se puso manos a la obra para aplicar las sugerencias vertidas en ambos. De ahí nació el llamado Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas equiparadas en derecho (PRIVA).
Elaborado mano a mano entre la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, se aprobó en julio y contemplaba la creación de una comisión independiente de expertos, encargada de baremar la reparación integral -incluida una cuantía económica- a las víctimas cuyo caso ha prescrito o su abusador ha muerto. Este equipo de trabajo ha comenzado a funcionar en septiembre. Entre los juristas, psiquiatras y psicólogos que la conforman, se han incluido a dos representantes de asociaciones que acompañan a víctimas. En paralelo, el próximo 21 de octubre, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, presidirá en la catedral de la Almudena un acto de reconocimiento y reparación a las víctimas.
Plan sin desarrollar
Mientras tanto, a finales de abril el Gobierno presentó un Plan de Respuesta e Implementación del informe del Defensor del Pueblo que incluye 25 medidas para frenar los abusos sexuales, de las cuales solo dos tenían que ver directamente con la Iglesia: el órgano para las indemnizaciones y el acto de perdón. Más allá de esta formulación genérica, hasta la fecha no se ha sabido más de la agenda de Moncloa. Eso sí, cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tuvo conocimiento de que los obispos iban a aprobar su propio plan, intentó torpedear la iniciativa eclesial convocando de manera improvisada a algunas asociaciones de víctimas y presionó por carta la presidente del Episcopado y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.
El viaje a Roma del presidente del Gobierno y la diplomática invitación a las autoridades vaticanas a llegar a “un acuerdo” en materia antiabusos no deja de ser un intento de elevar un problema nacional a una ventanilla superior, en este caso, al Papa y a su equipo, cuestionando así la autoridad de la Iglesia española para encauzar esta lacra.
