El Defensor del Pueblo ha recibido 144 nuevos casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica un año después de publicar su informe. Así lo ha reconocido hoy Ángel Gabilondo en la Cámara Baja durante su comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, de la que se han ausentado ERC y Junts.
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De esta manera, la unidad de atención a las víctimas de este órgano suma en 674 el número de víctimas desde 1960 hasta hoy. De estas, el 15% son mujeres y el 85% hombres.
El Defensor del Pueblo, en su extensa intervención de 45 minutos, ha vuelto a hacer hincapié en la encuesta encargada a GAD3 que entrevistó a 8.013 personas y cifró en 440.000 las víctimas de abusos en el ámbito eclesial. Sin embargo, en ningún momento hizo suya esta polémica extrapolación. “A nosotros nos ha movido más escuchar a una víctima que hacer extrapolaciones”, ha puntualizado.
Sí recordó Gabilondo que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. El 1,13% de adultos españoles dicen haber sido víctimas de abusos en entornos eclesiales. De estos, el 0,6% por parte de sacerdotes o religiosos.
Un problema grave
El mismo estudio demoscópico señala que el 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron de bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema.
Para Gabilondo, es una realidad que en la Iglesia “pudieron hacer más para evitarlo”, aunque reconoce que “es cierto que no todos lo sabían, pero sí es cierto que muchos lo sabían”.
El ex ministro de Educación ha destacado también que “las conclusiones y las subsiguientes recomendaciones de este Informe no pretenden ser una última palabra. Y menos aún una solución definitiva o un punto final, ante un daño tan grande que ha afectado y que afecta a tantas personas desde hace tanto tiempo. Más bien aspiran a contribuir a la toma de conciencia iniciada hace unos años por parte de la sociedad española, recordando y requiriendo a la Iglesia católica y a los poderes públicos que sigue abierta la necesidad de dar una respuesta a las víctimas”.
Durante su alocución, también ha señalado que la respuesta oficial de la Iglesia católica ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema. Sin embargo, “ha pasado de esto a una asunción de responsabilidad”, ha remarcado.
Gabilondo ha señalado que la pluralidad de la Iglesia se ha visibilizado a la hora de contactar con las distintas diócesis, pues se han podido detectar buenas y malas prácticas. “Todos los obispos respondieron, pero con diferente calidad de respuesta”, ha puntualizado. Al mismo tiempo, ha puesto en valor la colaboración de Jesús Díaz Sariego, OP, presidente de la CONFER y todos los miembros de la misma.
El Defensor del Pueblo también ha detallado que ha mantenido, además de reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con los presidentes y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Española, con el presidente de la CONFER y con superiores mayores, con el decano del Tribunal de la Rota, con representantes de institutos de vida consagrada, con Escuelas Católicas, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas.
Plan PRIVA
En su discurso, ha pedido a la Iglesia que las víctimas formen parte del proceso penal canónico, pues esta es, en sus palabras, una “deficiencia” del Derecho Canónico: “Espero que esto se haga”.
Por otro lado, ha dicho estar al corriente del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (PRIVA) que la Iglesia española ha puesto recientemente en marcha. Y les ha recordado que “las compensaciones económicas deben formar parte de un proceso reglado y transparente”.
En este mismo sentido, ha mantenido que si el Gobierno y la Iglesia están de acuerdo en tomar medidas, “lo lógico es que hablen, desde el respeto a la separación de poderes, pero que dialoguen”.
Gabilondo ha concluido citando sus principales recomendaciones que ahora toca al legislativo y al ejecutivo adoptar: un fondo de compensación económica a las víctimas y celebrar un acto público de reconocimiento –en el que espera que le acompañe el Gobierno y la Iglesia–. “Ya se ha roto el silencio”, ha subrayado para concluir.
En el turno de los grupos parlamentarios, todos los presentes han respaldado el trabajo de Gabilondo y su equipo, con la excepción del diputado de Vox, que ha criticado el Informe, al considerarlo carente de “rigor”.
