El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Administración de Gobierno por un incumplimiento de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno por no facilitar la información solicitada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) a principios de 2023 sobre datos relativos a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
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Además, la sentencia señala que la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio de Interior, que facilitó las cifras en el mes de mayo superando el plazo establecido, omitió cifras relativas al número de quejas registradas y al número de centros que cuentan con un Jefe/a del servicio de sanidad en activo. Esta sentencia obliga a la Administración a proporcionar los datos en el plazo de un mes, a la vez que genera un precedente para cumplir con la transparencia y buen gobierno en futuras solicitudes.
El SJM solicitó, a través del portal de transparencia, la información pública relativa a CIE correspondiente a 2022 a principios del año siguiente, en enero de 2023. En el mes de mayo, de manera extemporánea, la Dirección General de Policía hizo llegar las cifras solicitadas, aunque omitió parte de los datos. En aquel momento SJM ya había iniciado acciones legales argumentando que el Gobierno estaba incumpliendo el artículo 20.1 de la Ley de Transparencia que regula un derecho establecido en el artículo 105.b de la Constitución Española.
Efectivos de la Policía Nacional permanecen a las puertas del CIE de Aluche/EFE
Visibilizar la situación
El acceso a la información pública sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros es clave a la hora de poder construir los informes anuales en los que SJM contribuye a visibilizar la realidad de vulneración de derechos que existe en estos espacios, tal y como se incluía en las publicaciones de 2022 y 2023.
Las cifras oficiales son una herramienta esencial para que la ciudadanía pueda conocer cuáles son los recursos destinados a , qué perfiles de personas se encuentran privadas de libertad y cómo se construye la política migratoria del Gobierno en su vertiente más represiva con los derechos y más opaca en cuanto a su gestión.
El SJM continúa defendiendo la necesidad de cerrar los CIE y encontrar alternativas más humanas, previstas en el ordenamiento jurídico, para la respuesta ante la irregularidad administrativa de las personas extranjeras en el Estado español.
