Haití entero sigue conmocionado después de que, el pasado 3 de octubre, a su paso por la localidad de Pont Sond, en el departamento de Artibonito, un comando de sicarios de la banda criminal Gran Grif disparara indiscriminadamente contra la población y asesinara a 70 personas y quemaran 45 casas. Todo un aldabonazo nacional en un país de por sí sumido en una crisis sin fin, con buena parte del territorio en manos de las mafias y sin que la Administración, carente de recursos, sea capaz de frenar a los más violentos.
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La situación es tan grave que, según estima la ONU, desde el pasado año, más de 700.000 haitianos, entre desplazados internos y emigrantes en el extranjero, se han visto obligados a dejar su hogar para escapar de la violencia sin control. Y es que, solo en la primera mitad de este 2024, 3.638 fueron asesinados a manos de las bandas criminales.
“Tienen todo vigilado”
En conversación con Vida Nueva, la misionera española Valle Chías, que se encuentra con su comunidad de las religiosas de Jesús-María en la región rural de Jean Rabel, muestra su pesar ante la crisis generalizada y que es ciertamente desgarradora en ciertas partes: “Llegan las mismas noticias desesperanzadoras de Puerto Príncipe, la capital. La gente sigue viviendo, pero midiendo mucho sus movimientos. Quizás no se ve a las personas armadas, pero las armas siguen ahí. Las bandas mantienen el control, tienen todo vigilado y, en el momento que quieran, las vuelven a sacar”.
En este sentido, hay que lamentar que “el movimiento no es libre en absoluto; ni de alimentos, ni de medicinas, ni de personas…. No es solo el pago de peajes a lo largo de los caminos, sino el continuo riesgo de ser secuestrado. La masacre de Pont Sond es el vértice de la violencia y el miedo que se vive a diario. Y la base está en la falta de libertad que afecta a todos”.
Consecuencias desde Dominicana y EE.UU.
De un modo paralelo, Chías detalla que “la situación se ve agravada por las deportaciones masivas de ciudadanos de origen haitiano desde la vecina República Dominicana y la parálisis con el programa de acogida de Estados Unidos (‘Programa Biden’ le llaman aquí) a la espera de las elecciones allí, pues es evidente que los resultados de las mismas abrirán un nuevo capítulo para nosotros”.
Por todo ello, la misionera española no puede evitar caer en la desesperanza: “Aunque de repente esta situación acabara hoy, la ruptura es tan profunda… No se puede creer que se podrá seguir como si no hubiera pasado nada, pues esta herida sangrará una y otra vez. Según UNICEF, más de un 50% de los que engrosan las listas de las bandas son menores. ¿Cómo va a hacerse ese proceso de reconciliación cuando una generación ha tenido que matar y cometer otras atrocidades? El daño es demasiado hondo”.
“El país está enfermo”
La tragedia de Pont Sond ha generado numerosas reacciones eclesiales, empezando por el papa Francisco, que, en el ángelus del 13 de octubre, pidió que “no olvidemos nunca a nuestros hermanos y hermanas haitianos”. El Pontífice reiteró que “sigo la dramática situación de Haití, donde continúa la violencia contra la población, obligada a huir de sus hogares en busca de seguridad en otros sitios, dentro y fuera del país”.
Max Leroy Mésidor, arzobispo de Puerto Príncipe y presidente de la Conferencia Episcopal Haitiana (CEH), difundió un mensaje en el que lamentó que “la gente está exhausta”. Aunque, desesperados, “piden ayuda al Estado”, ningún auxilio les llega. De ahí el juicio de que “el país está completamente enfermo. Pero la situación en el Oeste y en Artibonito, los dos departamentos más grandes, es aún peor. Desde hace dos años, la comuna de Petite Rivière está abandonada. No hay presencia policial. Lo mismo ocurre con la ciudad de Liancourt. Estas dos zonas, donde antes la vida era vibrante, ahora están abrumadas por la desesperación”.
Inacción de las autoridades
Participante en el Sínodo de la Sinodalidad, Launay Saturné, arzobispo de Cap-Haïtien y vicepresidente del Episcopado haitiano, intervino para reclamar que “Haití necesita democracia”. Y “seguridad”, pero, “los que han debido garantizarla, no lo han hecho”. Algo que se ha comprobado en Pont Sond, donde “70 personas murieron, se incendiaron casas, coches y la gente tuvo que huir y abandonar sus hogares… Pero las autoridades no actuaron”.
