Más de cinco años después, Anura Kumara Dissanayake, que el pasado 23 de septiembre asumió el cargo de nuevo presidente del Gobierno, ganando las elecciones tras presentarse a estas con un discurso progresista y de clara denuncia de la “corrupción” imperante, ha decidido impulsar “una nueva investigación” para tener mucha más información sobre unos hechos de los que sigue habiendo numerosos aspectos opacos.
Como recoge EFE, el punto de inflexión lo ha marcado este 21 de octubre la denuncia de Udaya Gammanpila, que entre 2020 y 2022 fue ministro de Energía durante el mandato de Gotabaya Rajapaksa. Ahora, Gammanpila ha denunciado que el actual secretario del Ministerio de Seguridad Pública y otro inspector general de policía fueron “negligentes” frente a a los atentados de 2019, ocupando ambos entonces cargos muy relevantes. De ahí que haya exigido su dimisión o cese por parte de Dissanayake.
Ya el pasado año, el Tribunal Supremo de Sri Lanka condenó a Maithripala Sirisena, que en 2019 era el presidente, y a otros cuatro ex altos cargos de su Administración, a indemnizar a las víctimas por su “inacción” ante el atentado. Y es que, para la Justicia, contaban con “información” de la operación yihadista antes de que esta se produjese, siendo evidente que no hicieron lo suficiente por impedirla o que despreciaron la alerta de los servicios de inteligencia.
En plena crisis se ha querido manifestar el arzobispo de Colombo, el cardenal Malcolm Ranjith. Así, aunque ha asegurado “rechazar” los informes de Gammanpila por la intencionalidad política que a su juicio subyace en ellos (desgastar a Dissanayake nada más iniciar su mandato señalando a uno de sus principales colaboradores), sí ha pedido ir hasta el final con “una investigación genuina, no una falsa, para descubrir la verdad acerca de estos trágicos hechos”.
En este sentido, cabe recordar que, en noviembre de 2019, apenas cuatro meses después del atentado, hubo unas elecciones que acabaron con el mandato de Sirisena y elevaron al poder a Rajapaksa, que basó su campaña en presentarse como un garante de la “seguridad” nacional. Significativamente, en 2023, junto a su hermano, Mahinda Rajapaksa, a quien nombró primer ministro, tuvo que abandonar el país tras las fuertes manifestaciones en su contra en plena subida de los precios. El propio palacio presidencial fue tomado por la fuerza y él debió volar hasta Maldivas para escapar.