Luego de que esta semana el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentara una iniciativa de ley para evitar que se impugnen adiciones o cambios a la Constitución, como está ocurriendo con la reforma judicial aprobada en septiembre pasado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió de las graves consecuencias que puede traer la polarización social que se vive en el país a causa de este tema.
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Cabe recordar que entre las modificaciones que prevé la reforma judicial es la reorganización de tribunales y la elección de jueces y magistrados por medio del voto popular, lo que ha provocado una lluvia de amparos judiciales; por ello, la fracción de Morena en el Senado ahora propone una modificación a los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución para dejar sin efecto cualquier recurso legal contra la reforma judicial, o impedir que la Corte revise su constitucionalidad.
Reconocer y promover la participación de todos
En este contexto, los obispos de México, encabezados por el presidente de la CEM, Rogelio Cabrera López, insistieron en que la reforma judicial sea “ampliamente discutida y analizada por parte del Poder Legislativo, siguiendo el principio de subsidiariedad, que reconoce y promueve la participación de todos los actores sociales en las decisiones que afectan a la comunidad”.
De igual forma, expresaron su preocupación “ante la gravedad de los recientes hechos que acentúan una polarización sin precedentes en torno al marco legal y a la armonía entre los distintos poderes del país”.
“México es un gran país que no se inventa, una y otra vez, con la llegada de nuevas administraciones. La grandeza de México como nación estriba, entre otras cosas, en su capacidad probada de darnos un ‘ordenamiento jurídico’ e ‘instituciones’ que aseguren un mínimo de civilidad, así como una dirección de progreso, ambas condiciones necesarias para garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los mexicanos”.
Poder Judicial de la Federación México. Foto: EFE
El equilibrio de poderes está en riesgo
Los obispos insistieron en la importancia de tomar en cuenta a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, escuchar a los especialistas en Derecho Constitucional, considerar las voces de la sociedad civil organizada, “que son Pueblo de México”, respetar el principio de participación democrática y preservar el bien común.
Todo esto -añadieron- “a fin de no poner en riesgo el equilibrio de poderes que sustenta nuestra estructura democrática”.
Por lo anterior, consideraron que el respeto al Estado de Derecho no es solo una necesidad política, sino una exigencia ética fundamental que emana de la dignidad humana y del bien común.
MENSAJE AL PUEBLO MEXICANO
CON MOTIVO DE LA CONTROVERSIA JURÍDICA–POLÍTICA EN TORNO A LA «REFORMA JUDICIAL»La Conferencia del Episcopado Mexicano, integrada por los Obispos católicos presentes en el país, como pastores del Pueblo de Dios y ciudadanos comprometidos con el bien… pic.twitter.com/Nlq02jN6T3
— CEM (@IglesiaMexico) October 23, 2024
Recuperar el diálogo constructivo
Refirieron que la doctrina social de la Iglesia enseña que “la autoridad debe ejercerse como servicio al bien común, que el poder tiene límites morales y legales, que la participación ciudadana es un derecho y un deber, que la solidaridad es esencial para la paz social y que el desarrollo debe ser integral y para todos”.
En ese sentido, señalaron que la falta de diálogo y acuerdo entre los diversos poderes del Estado respecto a las disposiciones judiciales puede generar consecuencias graves para la convivencia social y el orden institucional, compartiendo la confianza en nuestro país y amenazando la estabilidad del Estado de Derecho”.
Finalmente, los obispos exhortaron a todos los actores políticos y sociales, inspirados en los principios de la doctrina social de la Iglesia, a recuperar el diálogo constructivo como herramienta fundamental, “fortalecer nuestras instituciones democráticas, anteponer el bien común a los intereses particulares, respetar el orden constitucional, promover la solidaridad y la subsidiariedad, trabajar por la justicia social y el desarrollo integral y proteger la dignidad de toda persona”.
