La Pontificia Comisión para la Protección de Menores pide a toda la Iglesia promover “un manejo riguroso de las reparaciones como parte del compromiso y responsabilidad para apoyar a las víctimas de abusos en su camino de sanación”. Esta es solo una de las siete conclusiones del primer ‘Informe anual piloto sobre las Políticas y Procedimientos de la Iglesia para la Protección de los Menores’.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
El estudio insiste también en “la necesidad de mejorar los procesos canónicos de recepción y seguimiento de las denuncias, a favor de las víctimas/supervivientes y sus familias, que respete, simultáneamente: el derecho de acceso a la información, el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales”.
El cardenal Seán Patrick O’Malley, OFM Cap., arzobispo emérito de Boston y presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, ha presentado hoy el texto en el Vaticano acompañado por Maud de Boer-Buquicchio, jurista holandesa y relatora especial de la ONU sobre la explotación sexual de niños y niñas encargada de elaborar el informe.
Este nace del empeño del papa Francisco, que el 29 de abril de 2022, en su discurso a la Comisión reclamó este informe anual “fiable sobre lo que está sucediendo y lo que debe cambiar, para que las autoridades pertinentes puedan actuar”.
Hallazgos y observaciones
Entre los otros cinco hallazgos, el estudio detalla “la necesidad de redefinir y aplicar el concepto de vulnerabilidad a las disposiciones actuales de la Iglesia que favorezca o promueva que las víctimas/supervivientes alcancen la justicia a la que tienen derecho”.
Del mismo modo, señala “la necesidad de una determinación clara de la jurisdicción de los distintos dicasterios de la Curia romana, buscando asegurar una gestión eficaz, oportuna y rigurosa de los casos de abuso sexual remitidos a la Santa Sede”.
Por otro lado, indican “la necesidad de un proceso simplificado, cuando esté justificado, para la dimisión o destitución de un líder de la Iglesia”.
Además, observa “la necesidad de seguir desarrollando el Magisterio de la Iglesia sobre la protección de los menores y los adultos vulnerables, desde una perspectiva teológico-pastoral integral, que promueva la conversión de la Iglesia en lo que respecta a la dignidad del niño y los derechos humanos, y su relación con los abusos”.
Por último, subraya “la necesidad de impulsar la profesionalización de quienes se dedican a la protección de los menores y los adultos vulnerables en la Iglesia, proporcionándoles oportunidades académicas formales y recursos adecuados”.
Diez años de la Comisión
Durante su intervención, O’Malley ha explicado que “este informe, que se publica cuando la Comisión celebra su décimo aniversario, es una instantánea del viaje de conversión que hemos emprendido. Es un viaje hacia un ministerio de salvaguardia transparente y responsable, hacia una mayor extensión, acogida y apoyo a las víctimas y supervivientes en su búsqueda de justicia y curación”.
De esta manera, “el Informe sirve para dejar constancia de nuestro camino de conversión, al mismo tiempo que fomenta el camino a seguir por delante”, ha afirmado. Y ha aseverado: “El Informe acompaña esa transición en curso, reconociendo que aún queda mucho por hacer”.
Modelo de justicia y conversión
Por su parte, De Boer-Buquicchio ha destacado que el estudio “está lejos de ser perfecto, pero tiene una metodología sólida que se desarrollará con el tiempo hasta volverse cada vez más completa y sólida. Luego, en los próximos años también desarrollaremos nuestro alcance para incluir de manera más integral a los fieles religiosos y laicos”.
Y ha añadido: “Sabemos que, en colaboración con muchos otros, necesitamos mejorar significativamente nuestra verificación de datos, mediante referencias cruzadas con fuentes externas”.
En este sentido, De Boer-Buquicchio ha lamentado también que “gran parte de la Iglesia sigue careciendo de prácticas o capacidades sólidas de recopilación de datos. Sin embargo, los datos son clave para nuestra capacidad de promover la rendición de cuentas. Por lo tanto, ¡debemos comprometernos a invertir en la infraestructura y los recursos de recopilación de datos de la Iglesia!”.
Como autora del informe, ha recordado que se ha adoptado el modelo de justicia y conversión, que consta de cinco pilares principales que se entrelazan:
- Conversión que nos aleje del mal
- Verdad
- Justicia
- Reparación
- Garantía de no repetición
Cuatro secciones
- En su Primera Sección se centra en las prácticas de salvaguardia de las Iglesias locales, donde los católicos viven su vida cotidiana en todo el mundo, en sus parroquias y comunidades, y depositan su confianza.
- La Segunda Sección se centra en las tendencias en las regiones continentales, proporcionando una idea de las variaciones regionales de la respuesta al abuso en sus múltiples manifestaciones.
- La Tercera Sección se centra en las prácticas de salvaguardia de los dicasterios de la Curia Romana, en un intento de promover un enfoque de “todo el gobierno” para la salvaguardia de la Iglesia universal.
- La Cuarta Sección se centra en las entidades de la Iglesia que operan en la sociedad en general, ya que su objetivo es servir a poblaciones también fuera de la Iglesia. En este caso se ha hecho un piloto con Cáritas.
