Cáritas Burgos rechaza las ayudas del Ayuntamiento tras el veto a otras ONG que trabajan con migrantes

Vox exigió al PP retirar las subvenciones a Burgos Acoge, Accem y Atalaya para respaldar los presupuestos locales para 2025

Cáritas diocesana de Burgos ha decidido no suscribir con el Ayuntamiento de la capital provincial la prórroga del convenio de acogida temporal para inmigrantes. Una decisión que ha supeditado a que se alcance un acuerdo para incluir en el presupuesto de 2025 a las entidades Burgos Acoge, Accem y Atalaya Intercultural –una entidad fundada por la Compañía de Jesús, las Esclavas del Sagrado Corazón, las Religiosas de María Inmaculada y las Hijas de la Caridad–, que han excluidas de dicho convenio tras la petición de Vox, según recoge la agencia Efe.

Seguir hablando

Esta renuncia implica que Cáritas dejaría de ingresar 19.000 euros, según ha informado la entidad católica que participó en una reunión a través de su delegado diocesano, Mario Vivanco, y de su secretario general, Ignacio Ruiz; y las tres organizaciones afectadas con la alcaldesa, Cristina Ayala (PP), el portavoz de Vox, Fernando Martínez Acitores; y la concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros. En este encuentro ha defendido la necesidad de mantener las ayudas municipales a todas las oenegés que trabajan con migrantes.

Frente al Ayuntamiento se han concentrado algunas personas en apoyo de las entidades, como la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, María Jesús González, que ha asegurado que varias entidades, asociaciones y sindicatos de Burgos están trabajando para convocar movilizaciones si se mantiene está opción, apunta Efe.

Las entidades rechazadas han alertado del riesgo de “colapso” de los servicios sociales municipales tras esta decisión del equipo de gobierno de eliminar en el presupuesto de 2025 las ayudas de 119.000 euros con las que contaba. La alcaldesa ha propuesto “seguir hablando”. Desde las entidades reivindican el trabajo realizado en los más de 25 años que llevan funcionado estos convenios con los que, solo en 2023, se han atendido más de 7.000 personas. Mientras, desde Vox defienden que esta decisión es fruto del “consenso” de los dos socios de gobierno.