“El gobierno nacional, en su accionar, propicia la inseguridad y vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios ancestrales”. De esta manera, iniciaba un comunicado conjunto de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).
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El pasado 11 de noviembre, Argentina ha sido el único país en votar en contra de una resolución en la Asamblea de Naciones Unidas que intenta reforzar el compromiso de los países miembros para proteger y promover los derechos de las comunidades indígenas en cuanto al acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de la lengua y la cultura.
Por tal motivo, los organismos eclesiales mira con preocupación las acciones que realiza en gobierno nacional en contra de los pueblos, en forma constante, en el ámbito nacional o internacional.
Voto negativo
Consideraron que el voto negativo es un nuevo avance, tanto contra el reconocimiento de los derechos consagrados en la Constitución Nacional en 1994, como con los retrocesos en políticas públicas que se fueron desfinanciando en detrimento de los intereses de las comunidades, para dar “un fuerte impulso de un modelo productivo extractivista solo posible con el avance sobre los territorios”.
Asimismo, implica fijar una posición a nivel internacional sobre los derechos indígenas, y refuerza a nivel interno la negación de su preexistencia étnica y cultural, de las instituciones, del derecho a la participación, y de la consulta en cuanto a sus intereses en actos y decisiones.
Llamado al diálogo
En este mensaje conjunto alertan que la inminente caducidad de la Ley 26.160 de emergencia territorial de los Pueblos Indígenas hace prever un escenario de mayor conflictividad y vulnerabilidad, “que exige un compromiso serio y concreto del Estado nacional y los Estados provinciales en tanto es una obligación constitucional y convencional ineludible”.
Recordaron el pedido del papa Francisco: “Pido a los gobiernos que reconozcan a los Pueblos Indígenas de todo el mundo, con sus culturas, lenguas, tradiciones y espiritualidades, y que se respete su dignidad y derechos con la conciencia de que la riqueza de nuestra gran familia humana consiste precisamente en su diversidad”.
Por tal motivo, las organizaciones llamaron al diálogo abierto y sincero, tomando como base el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en el ordenamiento jurídico. Además, reforzaron el compromiso con las reivindicaciones históricas de los derechos de los Pueblos y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado como garante.
Concluyen reafirmando: “Los Pueblos Indígenas son preexistentes y tienen derechos. Abogamos por una Nación donde el diálogo y el respeto por el otro sean prioridad“.
