Informe España 2024: los trastornos depresivos entre menores de 14 años se han cuadruplicado

28/11/2024 | Enrique Villalba

La Universidad Pontificia Comillas y la Cátedra José María Marín Patino presentan su radiografía social de nuestro país deteniéndose en cuestiones como las migraciones, la infancia, la energía y el reto demográfico

La Universidad Pontificia Comillas, en colaboración con la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro y el apoyo de la Fundación Ramón Areces, ha presentado este jueves el ‘Informe España 2024’, documento con el que realizan un análisis exhaustivo que combina luces y sombras sobre el estado del país.

Según Agustín Blanco, director de la cátedra de Comillas y coordinador del informe, la edición 2024 del informe “muestra un país caracterizado por procesos de progreso social, pero con grandes retos que afrontar“.

De entre los progresos, Blanco destaca las comunidades energéticas “como un factor fundamental en la estrategia de descarbonización” y resalta la “mejora sustancial en el mercado de trabajo aun cuando existen temas que afrontar como la digitalización, la temporalidad o con el envejecimiento de la población, que son retos de enorme envergadura”.

El informe destaca el notable incremento de la inmigración en España, con un aumento del cien por cien en la llegada de migrantes irregulares y más de 600.000 nuevos residentes extranjeros en 2023. El informe dedica atención también a la infancia migrante. Si bien un 81 por ciento de los niños migrantes se sienten felices en España, solo la mitad experimenta un alto sentido de pertenencia en la escuela, y dos de cada cinco han sufrido acoso.

Según expertos del Instituto de Estudios sobre Migraciones de Comillas, la política migratoria en España y la UE enfrenta desafíos como la fragmentación normativa, que limita la protección de derechos humanos y la integración laboral, además de un pacto de asilo insuficiente para atender las necesidades de la población refugiada.

Trastornos depresivos

En cuanto a políticas de infancia en general, España invierte solo un 1,6 por ciento de su PIB en protección social, muy por debajo del 2,5 por ciento de la media europea. El análisis refleja que se han cuadruplicado los trastornos depresivos en menores de catorce años, así como los diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (del 2,5 al 7 por ciento), según datos aportados por Salomé Adroher, experta en políticas de infancia.

Además, el informe denuncia que un 33 por ciento de adolescentes sufre un uso problemático de redes sociales, especialmente, chicas (36,1 por ciento). En este sentido, la cibercriminalidad aumentó en 2023 un 18,5 por ciento del total de infracciones penales, alcanzando las 337.251. Por otra parte, entre 2014 y 2022 las estafas informáticas se multiplicaron por más de diez: pasaron de 32.842 a 335.995.

Entre otros aspectos, el informe también se participa del avance en comunidades energéticas locales, calificándolas como esenciales para la estrategia de descarbonización. Actualmente, un 25 por ciento de los participantes en estas iniciativas son ciudadanos, y los municipios representan un 17 por ciento de la participación.

Sin embargo, la falta de regulación, de líneas de crédito y de herramientas digitales para compartir energía siguen siendo barreras significativas para su expansión, según el investigador Matteo Troncia.

Contratos indefinidos precarios

Estas iniciativas son especialmente relevantes en comunidades pequeñas, aunque la despoblación en ciudades intermedias se presenta como un problema creciente, ya que el 7,3 por ciento de las urbes con entre 50.000 y 300.000 habitantes perdieron habitantes entre 2001 y 2010. Esta situación se amplió dramáticamente entre 2011 y 2020, cuando se produjo esta tendencia en un 37,2 por ciento de ellas, mientras que el tejido industrial sufrió un decremento en un 78 por ciento del conjunto, afectando directamente al empleo.

El análisis laboral revela mejoras como una reducción en la tasa de temporalidad al 17,2 por ciento en 2023, frente al 32 por ciento de 2002. No obstante, en el sector público, dicha temporalidad es del 30 por ciento, frente a menos de un 15 por ciento en el sector privado.

También, se ha producido una creciente precariedad en los contratos indefinidos tras la reforma laboral de 2021, teniendo menor duración y mayor rotación que en épocas precedentes.