Victoria legal del SJM frente al Ministerio del Interior por la “falta de transparencia” en los CIE

El pasado año, ante la negativa del Ministerio del Interior a proporcionar cifras relativas a la nacionalidad de las personas internadas en el conjunto de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) repartidos por todo el territorio nacional, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), apelando al “incumplimiento de la Ley de Transparencia”, lo denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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Entonces, dicha exigencia fue rechazada en la sentencia 26/2024. Pero ahora, tras apelar al Tribunal Supremo, este, a través de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la entidad jesuita. Un éxito indudable, pues “la gran mayoría de los recursos de casación presentados entre 2017 y 2021 en el Tribunal Supremo no se admiten a trámite”.

Un derecho de la ciudadanía

Como detalla el SJM en un comunicado, ahora se podrá tener acceso a esta “información pública” en manos “de la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio del Interior”. Y es que, según acredita el Tribunal Supremo, “debe interpretarse como una cuestión jurídica de alcance general el derecho ciudadano al acceso a la información pública, regulado por la ley 19/2013 de 9 de diciembre”.

El argumento del Ministerio de Interior al negarse a facilitar estas cifras era que “estas cuestiones podrían suponer un perjuicio para las relaciones exteriores de España con los países en cuestión”. Pero, recomo reivindican los jesuitas, prevalece el hecho de que “las cifras oficiales son una herramienta esencial para que la ciudadanía pueda conocer cuáles son los recursos destinados al mantenimiento y gestión de los centros, qué perfiles de personas se encuentran privadas de libertad y cómo se construye la política migratoria del Gobierno en su vertiente más represiva con los derechos y más opaca en cuanto a su gestión”.

Contra el nuevo centro en Algeciras

Mientras se accede a la información solicitada, el SJM advierte que “permanece atento ante la próxima apertura del CIE de Botafuegos, en Algeciras, que se convertirá en el mayor centro de estas características”.

Un hecho que se deplora y por el que “hay convocada una marcha de denuncia y rechazo a esta medida el próximo 14 de diciembre en la ciudad algecireña”. Mientras, la batalla jurídica continúa, pues es el fin último solo es uno: “Cerrar los CIE y fomentar alternativas más humanas, algunas previstas en el ordenamiento jurídico, para la respuesta ante la irregularidad administrativa de las personas extranjeras en el Estado español”.