El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, enfrenta una fuerte ola de críticas tras la declaración y posterior levantamiento de la ley marcial este martes 3 de diciembre. El acto, calificado por numerosos sectores como antidemocrático e inconstitucional, ha desencadenado un debate nacional sobre el respeto al orden constitucional y el liderazgo en el país, incluso la Iglesia Católica ha denunciado la ley marcial.
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En un anuncio televisado, el dirigente coreano justificó la ley marcial como una medida necesaria para “proteger la democracia” y enfrentar “fuerzas pro-norcoreanas”. Sin embargo, la medida, que incluía la prohibición de actividades políticas y manifestaciones, fue percibida como un intento de limitar la oposición y centralizar el poder. La Asamblea Nacional, desafiando el bloqueo militar, votó en la madrugada del 4 de diciembre para revocar la ley marcial con 190 votos a favor de un total de 300.
Respuesta de la Iglesia Católica y grupos religiosos
La Conferencia Episcopal de Corea emitió una declaración el mismo día, condenando la medida. El obispo Matthias Ri Iong-hoon de Suwon, su portavoz, subrayó la falta de legitimidad y urgencia de la ley marcial, cuestionando el razonamiento del presidente. “Es imperativo que el presidente comparezca ante el pueblo, explique lo sucedido, se disculpe sinceramente y asuma su responsabilidad”, afirmó el obispo Ri: “Nuestra democracia, construida con sacrificios inmensos, no debe ser puesta en riesgo por decisiones precipitadas y carentes de fundamento constitucional”. Asimismo, la Iglesia Católica ha reafirmado su compromiso con la democracia y expresó su solidaridad con los ciudadanos.
Según los obispos, los argumentos que ha dado el líder surcoreano no justifican el uso de medidas tan extremas como la ley marcial, un recurso que históricamente ha sido asociado con regímenes autoritarios en Corea del Sur. Además, representantes de otras confesiones cristianas, como la Iglesia Metodista de Corea y el Consejo Nacional de Iglesias de Corea, también denunciaron la acción de Yoon como una “afrenta a la democracia”.
Llamamiento a la paz y la reconciliación
La carta publicada hoy por los obispos católicos afirma: “Los abogados constitucionalistas coinciden en que la declaración del estado de emergencia por parte del presidente Yoon plantea numerosos problemas de legitimidad procesal. Aunque el estado de emergencia se levantó tras una votación parlamentaria, es cuestionable si el asunto era lo suficientemente grave y urgente como para justificar tal declaración, que se levantó después de solo seis horas”. La Iglesia en Corea del Sur destaca así su deber con la defensa de los derechos democráticos y la unidad nacional. En el comunicado, se han comprometido a acompañar al pueblo coreano en la lucha por la justicia y la paz.
