La Comisión Nacional de Justicia y Paz, a través del Equipo de No a la Trata, manifestó su preocupación por la disolución del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas creado por la Ley 27.508 del año 2019. En octubre del 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto a BICE Fideicomisos S.A. lo puso en funcionamiento tras la firma del contrato de fideicomiso de administración.
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Esta ley representaba una auténtica demanda de las víctimas y sobrevivientes, promovida en su momento por el Poder Ejecutivo y votada por el Congreso. Ahora, por decreto presidencial, el mecanismo quedó eliminado.
El Equipo aclaró que este Fondo tiene como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas justamente a los delitos de trata y explotación, y estaban destinados a reparar los daños causados. Remarcaron que no insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado.
Destacaron que estas decisiones y el ejercicio de esta puso a la Argentina en la vanguardia de la lucha contra este delito, el más grave que se pueda cometer contra la libertad y dignidad humana.
También comentaron que, según un trabajo reciente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se elaboró un relevamiento estadístico sobre la reparación de víctimas de trata en sentencias condenatorias entre 2019 y 2022: se dictaron 107 sentencias condenatorias, de las cuales se efectivizó un 25,2% con algún tipo de reparación económica. Alcanzaron a 168 víctimas por un total de más de 70 millones de pesos y 16.141 dólares, y otros recursos necesarios de resarcimiento.
Retroceso
En el Decreto recientemente firmado, especifica que “resulta oportuna la disolución de los citados fondos fiduciarios en el contexto económico actual, con el fin de propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”. Ante esta afirmación, el organismo de la Conferencia Episcopal Argentina manifestó que no comprende esta mención específica sobre el contexto económico porque los fondos no salen de los bienes estatales ni de las administraciones públicas.
Creen, además que esta medida, en ausencia de mecanismos supletorios del Fondo de Asistencia Directa, tiene como consecuencia “la mayor vulneración de las personas que padecieron la esclavitud en carne propia y fueron rescatadas de las garras del delito”.
Como conclusión, el Equipo de No a la Trata, reafirmó que este hecho “representa un retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas, que no pueden esperar y lo único que hacen este tipo de medidas es convertirlas nuevamente en víctimas, abandonadas por quienes deberían ser protegidas“.
