Una asociación de religiosas católicas está intentando cambiar la historia de la violencia de género en Kenia. El fenómeno se considera una emergencia nacional más que en otros países africanos, pero a las instituciones les está costando ponerle freno. Según el Instituto Nacional de Estadística de Kenia, el 34% de las mujeres han sufrido violencia desde al menos los 15 años. Los feminicidios en 2022 alcanzaron la cifra récord de 725. Los datos proporcionados por ONU Mujeres –organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres– destacan que, en 2022, el 41% de las mujeres casadas ha sufrido violencia física, frente al 20% de las solteras.
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La atención sobre este drama volvió a principios de septiembre con el asesinato de la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, que vivía y entrenaba en Kenia. La deportista, de 33 años, acababa de regresar de los Juegos Olímpicos de París y ese día, domingo, salía de la iglesia con sus dos hijos. Su pareja, el keniano Dickson Ndiema Marangach, tras otra discusión, la roció con gasolina y le prendió fuego en su casa de Endebess. No logró sobrevivir a las quemaduras que cubrían el 80% de su cuerpo.
El de la Asociación de Hermanas de Kenia (AOSK) es un sutil trabajo de “costura” institucional. Es una Organización de Derecho Pontificio fundada en 1962, e integrada por mujeres consagradas en constante y continua relación con la Santa Sede, dentro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
En los últimos meses, la AOSK ha pedido al gobierno de Kenia un cambio de estrategia para abordar la violencia de género. Lo hizo en una petición dirigida al presidente William Ruto, a través de la Oficina de la Secretaria del Gabinete para Género, Aisha Jumwa. Las religiosas católicas, procedentes de los 47 condados de Kenia, han esbozado una serie de medidas concretas que el Estado debería tomar en consideración para contrarrestar este dramático problema. La portavoz de la solicitud es la hermana Pasilisa Namikoye, secretaria ejecutiva de la AOSK. “Instamos al Gobierno de Kenia a declarar la violencia de género como una emergencia nacional y a implementar las medidas oportunas para abordar el problema”, explica Namikoye al describir las directrices propuestas.
En uno de los primeros puntos, las recomendaciones de las religiosas católicas incluyen la creación de hogares seguros accesibles para víctimas de violencia de género. La asociación insiste en la necesidad de formar a los agentes de policía sobre cómo gestionar los casos de violencia de género y tomar medidas contundentes contra los autores de abusos. Las monjas piden al gobierno que establezca un registro nacional de perpetradores disponible en todas las oficinas administrativas y comisarías del país para que los delincuentes puedan ser identificados más fácilmente.
Buscar una solución
Expresan su compromiso, como miembros de la Iglesia católica, de intensificar los esfuerzos para combatir este fenómeno y colaborar con las autoridades para encontrar una solución. Representan una fuerza poderosa porque en Kenia hay mil parroquias y casi seis mil religiosos. Un tercio de la población es católica.
La petición de las religiosas está sobre la mesa de Anne Wang’ombe, Secretaria Principal del Departamento de Estado responsable de seguir la emergencia dentro del Ministerio de Género, Cultura, Artes y Patrimonio de la República de Kenia. Wang’ombe ha elogiado la iniciativa de las religiosas. La Secretaria afirmó que la lucha contra la violencia de género “es una campaña que requiere la participación de todos, incluida la Iglesia Católica”.
También anunció que el Ministerio ha desarrollado una serie de medidas, algunas de las cuales ya han sido puestas en marcha, como la ley de delitos sexuales y la ley de protección contra la violencia doméstica, que comienzan a dar frutos con la disminución de los casos de mutilación genital femenina. “Necesitamos la ayuda de todos. Todos debemos implicarnos porque esta no es una guerra que podamos ganar solas”, indica Wang’ombe. Las religiosas están ahí dispuestas a echar una mano, esperando conseguir ese primer objetivo, es decir, declarar la violencia de género “emergencia nacional”. Una declaración que supondría un punto de inflexión sin precedentes.
*Reportaje original publicado en el número de noviembre de 2024 de Donne Chiesa Mondo. Traducción de Vida Nueva
