El arzobispo de Concepción llama a favorecer estrategias que permitan la regularización de los migrantes en Chile

16/12/2024 | Roberto Urbina Avendaño

Sergio Pérez de Arce entró en el debate generado por el proyecto del Gobierno y salió en defensa de “una fuerza laboral que el país requiere”

En una carta dirigida al director del diario “El Mercurio”, publicada el sábado 14, el arzobispo Sergio Pérez de Arce, arzobispo de Concepción y secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, se refirió al estudio que realiza el Gobierno para regularizar la situación de extranjeros que cumplan con requisitos de arraigo laboral o familiar en el país. “También se ha informado de la oposición de algunos actores políticos a esta posible medida”, agrega el prelado.

El proyecto busca otorgar estatus migratorio a unas 182.000 personas que participaron en el empadronamiento realizado en 2018, que demuestren arraigo en Chile mediante vínculos laborales o familiares. Según el Gobierno, esto permitirá incluir a quienes ya están integrados en la sociedad y mejorar la seguridad pública al reducir la exclusión social, aunque sólo una parte cumpliría los requisitos.

Críticas desde la oposición

Esta iniciativa ha generado fuertes críticas desde la oposición. El diputado Andrés Longton la calificó como un “perdonazo” que podría incentivar el ingreso irregular. José Miguel Castro agregó que la medida facilita contrataciones informales, permitiendo a personas sin visa integrarse al sistema.

En su calidad de secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH), el arzobispo expuso la posición de la Iglesia ya expresada en varias ocasiones anteriores.

En su carta, afirma el arzobispo que “los obispos de la Conferencia Episcopal nos hemos referido en diversas oportunidades a este tema y hemos llamado a las autoridades y a otros actores políticos a favorecer estrategias eficaces que permitan la regularidad migratoria de quienes no tienen problemas delictuales o penales. Son más de 180.000 las personas que libremente entregaron sus datos en el empadronamiento biométrico realizado en los años 2023-2024 y muchos de ellos cuentan ya con vínculos familiares en el país, trabajan entre nosotros y estudian en nuestras escuelas. Por otra parte, son necesarios para el funcionamiento de la economía, porque constituyen una fuerza laboral que el país requiere”.

Alude, el arzobispo, al documento “Fui forastero y me recibieron (Mt 25, 35), una mirada cristiana a la migración”, difundido en junio pasado, en el que los obispos expresan su preocupación por la situación de los cientos de miles de inmigrantes en el país, muchos en situación irregular y el creciente sentimiento desfavorable hacia la migración que se advierte entre los chilenos. Subrayaron la importancia de abordar esta temática desde una perspectiva de solidaridad y acogida, fundamentada en los principios de la fe cristiana.

Porfía de algunos

El secretario general de la CECh entra al debate que ha provocado esta propuesta del Gobierno: “Es difícil entender la porfía de algunos a negar la regularización. Mantener la irregularidad expone a las personas a condiciones abusivas y a más vulnerabilidad, porque no pueden celebrar contratos laborales o participar de la vida económica con total normalidad. Tampoco contribuye a la seguridad del país, porque para los climas de confianza y transparencia que necesitamos, es mejor un migrante regular que uno irregular, uno plenamente integrado que uno que se conoce a medias”.

“Hay razones humanas, familiares, económicas y sociales para justificar un proceso de regularización. Igualar sin más inmigrante irregular con delincuente es una falacia injusta y simplista, y proponer la expulsión como única solución posible ante 180.000 inmigrantes irregulares es irreal y muestra una incapacidad de la política para abordar una problemática social que afecta a una población que convive y trabaja cada día entre nosotros”, continúa argumentando el arzobispo.

Finaliza la carta afirmando que “la Navidad es una buena oportunidad para renovar los esfuerzos por un país más justo e inclusivo, y una política más eficaz y menos de trinchera”.