Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Red de entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) han publicado, en la mañana de este 16 de diciembre, un comunicado en el que hacen un llamamiento “a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados”: “Que perseveren en negociar un texto garantista de derechos en la Proposición de Ley de regularización extraordinaria de personas migrantes actualmente en tramitación”.
Se refieren a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone la regularización de unas 500.000 personas migrantes que viven en nuestro país desde antes del 1 de noviembre de 2021 y que se encuentran en situación administrativa irregular. Proyecto legal que está a expensas de su aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados, que la admitió a trámite en abril y que ha pasado por un complicado proceso con las enmiendas de los distintos partidos.
En este sentido, estamos ante una medida que, iniciada en 2021, trata de visibilizar y mejorar las condiciones de vida de un sector de la población que en su mayoría ya está trabajando (aunque sin cotizar, siendo la suya una economía sumergida y sin derechos). Sin olvidar que estamos ante una de las ILP con mayor respaldo ciudadano en nuestra historia democrática, con 700.000 firmas y 900 entidades comprometidas; buena parte de ellas, eclesiales, como las que ahora firman este comunicado.
Un mensaje que incide en que “estamos en una semana crucial para la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, cuya toma en consideración por el Parlamento fue aprobada con amplísimo consenso”. Un entendimiento generalizado que, ahora, según fuentes consultadas por Vida Nueva, no estaría tan claro. Y, de hecho, hay un temor real ante el futuro de la ILP.
Por ello, Cáritas, Migraciones de la CEE, REDES y CONFER advierten de que siguen el proceso al detalle: “Mañana martes, se celebra la ponencia parlamentaria encargada de negociar el texto definitivo, que daría refrendo a ese gran acuerdo. Por ello, está en manos de todos los grupos políticos el acercar posturas para aprobar, con el grado de consenso que merece este asunto de Estado, un procedimiento que dé respuesta a un grupo de personas que se encuentran en las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad”.
Además de que, dicha luz verde, supondría “un complemento imprescindible al nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno el pasado mes de noviembre, al dar respuesta a aquellos perfiles que no pueden regularizarse por las vías ordinarias que ofrece nuestra normativa de extranjería”.
Y es que, “un importante número de personas (que en ocasiones llevan mucho tiempo en nuestro país), tales como aquellas que no pueden acceder a un pasaporte de su país de origen o personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad o enfermedad crónica, entre muchas otras, tendrán que seguir viviendo las consecuencias de la irregularidad administrativa si esta iniciativa no sale adelante”.
Como concluyen las entidades eclesiales, “el anuncio de un acuerdo amplio de regularización extraordinaria de personas migrantes dará respuesta a una demanda de amplio interés social, además de ser un gesto político valiente y positivo a propósito del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se celebra este miércoles 18 de diciembre”.