La Iglesia mueve ficha ante el empeño de Moncloa de expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos y presentar este desalojo como uno de los hitos del cincuenta aniversario de la muerte de Francisco Franco.
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Según ha podido confirmar ‘Vida Nueva’, el cardenal José Cobo, el arzobispo Luis Argüello y el abad de Solesmes, Dom Geoffroy Kemlin, se habrían reunido, al menos en una ocasión, para unificar criterios y abordar posibles soluciones ante las intenciones que pueda tener el Gobierno de Pedro Sánchez. Este encuentro contaría con el aval de la Santa Sede, teniendo en cuenta además que Roma ha depositado plenamente su confianza en el purpurado madrileño para gestionar esta crisis y ejercer de interlocutor con el Ejecutivo de coalición. En este caso, la contraparte sería el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, que además es el responsable de relación con las confesiones, en lugar de Ángel Victor Torres, que sobre el papel es el titular de los asuntos vinculados a la memoria democrática.
Plan de acción
Aunque desde el punto de vista territorial, Cuelgamuros pertenece a la Archidiócesis de Madrid, dada la relevancia de la cuestión abordada, Cobo, que además es vicepresidente de los obispos, ha querido contar tanto con el arzobispo de Valladolid en calidad de presidente de La Conferencia Episcopal y con el religioso que, de alguna manera, ejercería de ‘superior’ de los consagrados que habitan en el polémico enclave.
Esta alianza entre Cobo, Argüello y Kemlin tendría como objetivo un plan de acción común ante los posibles envites mediáticos y políticos que pudieran llegar de Moncloa. Sobre todo, teniendo en cuenta, que el objetivo del Gobierno pasa por echar a la comunidad benedictina que habita la abadía, gestiona la hospedería, educa a 36 alumnos de la escolanía y tutela la basílica para convertir el monasterio y el albergue en un centro laico que sirva para explicar la contienda y la dictadura.
Abanico de posibilidades
Al parecer, la fijación de Pedro Sánchez con la figura del actual prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, permanece y se busca su salida del monasterio. El presidente no olvida que el consagrado fue en algo más que mero obstáculo cuando se planteó la exhumación del dictador.
Con estas coordenadas por delante, el abanico de posibilidades de negociación entre la Iglesia y el Gobierno es amplia. Sí parece seguro que bajo ningún concepto se tocaría imponente cruz de 152 metros que preside del Valle.
Líneas inviolables
Por otro lado, el cardenal Cobo ha manifestado en una reciente entrevista a Europa Press cuál serían las dos líneas “inviolables” para “dialogar con sosiego” y “sin ideologizaciones”: no tocar la basílica y salvaguardar una “comunidad monástica”, sin citar explícitamente que sean los actuales habitantes de la abadía.
Desde la Archidiócesis de Madrid detallan a ‘Vida Nueva’ que sí se colaboraría en una “resignificación” del templo, si se entiende como tal, ayudar a comprender, desde una mirada de paz y reconciliación lo que sucedió durante la Guerra Civil y la dictadora en un lugar donde descansan los restos de miles de fallecidos de la contienda. Como ejemplo, se apunta que no habría problema alguno para acometer cualquier obra que implicara símbolo franquista que pudiera encontrarse o colocar paneles explicativos para contextualizar cualquier elemento de lugar. “No tiene sentido quitar el carácter sacro a un espacio en el que se convocan celebraciones que no van contra nada ni contra nadie, en las que se reza por el perdón y la reconciliación de todos sin distinción”, explican estas fuentes.
Otras vías
Sobre la mesa sí está la posibilidad de sustituir a los monjes actuales por otros benedictinos, e incluso abrir la posibilidad de que entrara en el Valle de los Caídos otra congregación religiosa ajena a toda la polémica abierta. Incluso se habría valorado dejar el lugar en manos de la Comunidad de Sant’ Egidio, precisamente por la labor de esta plataforma en procesos de paz y reconciliación en todo el planeta, incluido el País Vasco.
Si ninguna de estas vías fuera aceptada por Moncloa, la mínima asistencia eclesial sería la disolución de toda comunidad y la designación de un capellán para la basílica.
