La abogada en el exilio, Martha Patricia Molina, documentó 971 ataques contra católicos en Nicaragua, de abril de 2018 a diciembre de 2024. Esta cifra se reportó en la sexta entrega del documento ‘Nicaragua: una Iglesia perseguida‘, donde la nicaragüense señaló que “mientras la dictadura Daniel Ortega–Rosario Murillo continúe atacando, persiguiendo, criminalizando, difamando, confiscando, acusando, vigilando y vulnerando derechos a la Iglesia Católica, el estudio seguirá publicándose”.
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Persecución religiosa: “semilla de nuevos cristianos”
El prólogo del documento fue hecho por el periodista en el exilio Israel González, quien destacó que “hablar hoy sobre la Iglesia católica de Nicaragua es sinónimo de entrega, compromiso y fidelidad al Evangelio, y al pueblo en medio de una situación de represión sistemática y constantes violaciones a los derechos humanos en uno de los peores regímenes autoritarios de la región”.
Foto: Parroquia Inmaculada Concepción de María Sebaco. Nicaragua
Para Israel González, el porqué de la persecución religiosa tuvo su origen “en el compromiso valiente y profético que asumió la Iglesia en la defensa de los derechos humanos al estallar la grave crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018″.
El periodista destacó que, pese a esta persecución, la Iglesia “sigue siendo la única y última institución dentro de Nicaragua que se resiste a caer bajo el control autoritario del orteguismo. Como en la época del imperio Romano, los católicos de Nicaragua saben que la persecución religiosa es semilla de nuevos cristianos”.
“En Nicaragua se perpetúa el ataque a la libertad religiosa”
Por su parte, Marta Patricia Molina explicó que en la entrega pasada, de agosto de 2024, documentó 870 agresiones en contra de la Iglesia Católica y en esta sexta entrega la cifra asciende a 971, lo que “es una muestra de que en Nicaragua se perpetúa el ataque a la libertad religiosa“.
Otra de las cifras relevantes de su informe es la de los 266 religiosos y religiosas obligados al exilio: uno (1) es Nuncio, cuatro (4) obispos, ciento cuarenta y seis (146) sacerdotes pertenecientes a diferentes diócesis del país, tres (3) diáconos, trece (13) seminaristas y noventa y nueve (99) religiosas.
En lo que respecta al objetivo de estos informes -recordó Molina- “es aportar estadísticas y datos a la historia nacional e internacional de cómo se ha vulnerado el derecho a la libertad religiosa en Nicaragua, para que las futuras generaciones aprendan de los errores cometidos y no los repitan, generar además una memoria histórica de todos esos eventos nefastos”.
La investigación pretende también “aportar información a la justicia transicional que se deberá de instaurar en la República de Nicaragua, y que cada uno de los ataques reportados sean utilizados como pruebas en futuros procesos civiles o penales”.
