Universidades jesuitas de América Latina, preocupadas por “detención arbitraria” de Carlos Correa, activista de derechos humanos en Venezuela

Desde que fue apresado por grupos parapoliciales este 7 de enero – tres días antes de la ilegal toma de posesión de Nicolás Maduro – no se sabe nada de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público y reconocido defensor de derechos humanos.

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Por ello, el Observatorio Observatorio para la Democracia en América Latina de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) rechazó la detención y desaparición forzada del defensor venezolano.

Informaron que Correa fue interceptado por personas encapuchadas, presuntamente miembros de organismos de seguridad, y forzado a abordar un vehículo con rumbo desconocido.

Desde entonces, sus familiares, amigos y compañeros defensores de derechos humanos, desconocen su paradero.

¿Quién es Carlos Correa?

Carlos Correa es uno de los más conocidos y reputados activistas de la sociedad civil venezolana. Por décadas ha sido portavoz de organizaciones de protección y promoción de la libertad de expresión y de los derechos de los profesionales del periodismo.

Además de dirigir ONG Espacio Público, coordina y colabora con la organización de derechos humanos PROVEA y el Colegio Nacional de Periodistas.

Desde la AUSJAL mencionaron que “en su muy dilatada y políticamente independiente labor de investigación, reporte y denuncia de violaciones a los derechos humanos, siempre ha actuado en apego a las leyes y a los hechos”.

Es un profesional que “actúa con un profundo respeto a la constitución y con la búsqueda de soluciones pacíficas y democráticas a los problemas de su país”.

Garantizar derechos

A la detención arbitraria de Correa se suma a cientos presentadas en los tres últimos días. Cuerpos parapoliciales y colectivos armados andan causando terror entre la población, en especial, líderes políticos y periodistas.

El único delito que se les imputa: estar en desacuerdo con el régimen chavista y “pacíficamente han demandado el respeto a sus derechos políticos y sociales”.

El caso de Correa engrosa la lista de defensores que la dictadura chavista tiene bajo su poder, por eso, los jesuitas exigen que “su paradero sea notificado a sus familiares y defensores, que se le permita entrar en contacto con ellos y que sus derechos sean plenamente garantizados por las autoridades venezolanas”.