El decano del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, Carlos Morán, da un paso al frente para reclamar a la Iglesia que otorgue a las víctimas de abusos “la condición de parte en el proceso judicial penal”. Así lo expone en un detallado artículo de la revista Estudios Eclesiásticos al que ha tenido acceso ‘Vida Nueva’. En el texto de esta publicación de investigación e información teológica y canónica de la Universidad Pontificia Comillas, el sacerdote madrileño defiende, tras un pormenorizado estudio que “no existen inconvenientes de peso para impedir” que se cuente con los supervivientes en las diferentes fases de investigación y toma de decisiones. Así, reivindica que la víctima pueda “ejercer la acusación particular, o, al menos, que se le reconozcan los derechos propios de la parte procesal, aunque sea a través de figuras como la acusación ‘accesoria’, ‘adhesiva’ o ‘subordinada’”.
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En concreto, propone que se permita “al menor o a su representante legal ser parte en el proceso penal, con el consiguiente derecho a que se le informe de su marcha, que se le comuniquen las actuaciones, que tenga acceso a las actas, que pueda proponer pruebas, que pueda hacer alegaciones y que se le notifique la resolución, además de permitírsele recurrir en apelación dicha resolución”. Para hacerlo posible, se tendría que poner en marcha “una configuración jurídico-procesal que sea acorde a la centralidad del menor defendida por el magisterio pontificio”.
De esta manera, Morán no solo se hace eco de una de las principales demandas del colectivo de víctimas y de quienes los acompañan en el particular calvario de iniciar un procedimiento judicial, sino que además ofrece argumentos de peso para que la Santa Sede mueva ficha. “En mi opinión, hay que evitar que los procesos penales, especialmente en los casos de ‘delicta graviora’, sean “una cuestión de rendición de cuentas entre el autor y la Iglesia”, aclara sobre estos delitos, que son los considerados más graves y que han de ser juzgados por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Relación jurídica bipolar
Y es que, el autor constata que la Iglesia se ha empapado de la tradición del derecho penal que entiende esta relación jurídica “de una manera bipolar” entre el Estado y el presunto delincuente. Esto repercute directamente en la víctima, a quien solo le queda, hoy por hoy, “la posición procesal de ‘tercero’ o, simplemente, la de testigo, algo que no se adecúa a la realidad de los hechos”. Para Morán, “la condición de testigo desnaturaliza su verdadera posición respecto de los hechos históricos, hechos vitales y biográficos que le afectan directa e inmediatamente”. Esto se traduce en el día a día en la imposibilidad de informar a la víctima durante un proceso que puede durar años, con la consiguiente imagen de opacidad manifiesta que ofrece la Iglesia ante la opinión pública, amén de que, según relatan expertos a Vida Nueva, se vean menoscabadas algunas garantías procesales para quien ha sufrido los abusos en primera persona.
