En una reciente entrevista con EWTN, Rolando Álvarez, obispo nicaragüense expulsado del país tras su enfrentamiento con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha destacado que no se siente “exiliado”, sino “liberado”. Un dardo que el Ejecutivo, a través de una nota de su Ministerio de Relaciones Exteriores, no ha tardado en responder.

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En el comunicado, recogido por EFE, el Gobierno Ortega-Murillo condena con fuerza “declaraciones que, a nombre del Estado Vaticano, se realizan desde páginas y plataformas que les son propias”. Declaraciones estas “que constituyen un agravio y un insulto a la soberanía y dignidad del Estado nicaragüense”.

Irresponsables e irrespetuosas

Criticando las afirmaciones del obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, se insiste en que “son irresponsables e irrespetuosas y violentan las máximas leyes y normas que rigen la vida independiente” del país.

La declaración oficial eleva el tono cuando se señala que, “sin ninguna autoridad política supranacional, el Estado Vaticano pretende disponer sobre cargos y poderes que otorgan, en Nicaragua, a personas que dejaron de ser nicaragüenses por conductas impropias e intolerables de promoción de crímenes, políticamente instigados, así como constantes llamados a romper la paz, con todo tipo de violencia, falsedades y planificadas calumnias, infringiendo angustias, sufrimiento y dolor a las familias de nuestro país”.

Por todo ello, “condenamos estas conductas inadmisibles de personas que, desde tronos ególatras, con disfraces y máscaras de benevolencia y farisaico misticismo, continúan agrediendo al pueblo nicaragüense, en su pretensión de poder político, ridícula, insolente e indecente, por ocultar tras ropajes fantasmagóricos, y pretensión absurda, al fin, por basarse en arbitrariedades, falsificaciones, afán de sometimiento y violación de todos los derechos”.

Según el Derecho Internacional

Como deplora el régimen, “esos individuos han roto con el sagrado deber de todo ciudadano de este país, de custodiar y preservar soberanía, seguridad, paz y trabajo digno de cada persona”. En consecuencia, “nada autoriza al Estado Vaticano, que debe regirse por las normas del Derecho Internacional y el respeto a los Gobiernos e instituciones nacionales, a otorgar nombramientos de cualquier tipo en el territorio soberano y digno de nuestra Nicaragua”.

Un punto, este último, que elevaría la confrontación entre la Santa Sede y Nicaragua a un nivel que se vivía en la China comunista hasta la firma, en 2018, del Acuerdo Provisional para el nombramiento de obispos. Esto es, una situación por la que un Gobierno nacional no reconoce la autoridad del Papa para nombrar obispos en su territorio nacional.

Este inédito documento termina con todo un aldabonazo hacia el Vaticano, al que se tacha sin ambages de “depravado” y “pedófilo”. Así, “en nombre de todos los mártires, de todos los muertos que las prácticas innobles del Estado Vaticano han generado en el mundo entero, exigimos respeto a la vida, a la armonía, a la conciencia alzada y a la sacrosanta espiritualidad propia, activa, creativa y beligerante de un pueblo que ni se vende, ni se rinde, jamás. Sepan, señores, que sus inmorales adefesios y esperpentos, disfrazados de pastores, aquí ni volverán ni pasarán. La fe nos vale”.

El seminario, confiscado

Dos semanas atrás, el régimen sandinista ya golpeó con fuerza a la Diócesis de Matagalpa, pastoreada desde la distancia por Rolando Álvarez, y confiscó el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga, considerado uno de los centros de formación para sacerdotes más importantes del país.

Una semana antes, ya había sufrido el mismo destino el centro pastoral ‘La Cartuja’, también propiedad de la Diócesis de Matagalpa.