El debate sobre las terapias de conversión homosexual han llegado a la Asamblea de Madrid. En concreto, ha sido el PP quien ha negado que se estén llevando a cabo estas prácticas hacia personas del colectivo LGTBI en las diócesis madrileñas, y ha recordado que son “tortura” y que están prohibidas por ley. Mientras, la izquierda ha alertado de su promoción desde algunos obispados del territorio.
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Tal como informa Europa Press, el Pleno de la Asamblea regional ha abordado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) de Más Madrid, que ha contado con el voto en contra de PP y Vox, en la que pedían poner a disposición de las posibles víctimas todos los recursos e instar al Gobierno a realizar las modificaciones necesarias para que las terapias de conversión pasen a ser delitos.
Mónica Lavin (PP) ha pedido a la izquierda que no dé lecciones y ha indicado que en este asunto “no hay debate” porque las “terapias de conversión” están prohibidas en España. “En cambio, sí son una realidad, por cierto, la ablación femenina, la venta de niñas para casarlas, el prohibirles que estudien, o el borrarles de las competiciones deportivas. Y nada de esto ocurre, ni dentro, ni por culpa de la Iglesia católica, pero ustedes nunca tienen tiempo para denunciarlo. Saben que es falso e ilegal que con nuestra reforma de la ley trans despenalizábamos las terapias de conversión”, ha defendido.
Por su parte, Jimena González (Más Madrid) ha asegurado que en al menos tres diócesis de la región, (Getafe, Alcalá y Madrid), están teniendo lugar “presuntamente, eventos de promoción de las terapias de conversión de los sexualidad”. “Aleja cualquier sombra de dudas sobre el hecho de que estas mal llamadas terapias de conversión están sucediendo hoy, aquí”, ha asegurado. Además, ha cargado contra lo que son “auténticas torturas destinadas a modificar o suprimir la sexualidad o la identidad de género de las personas LGTBIQ+, mediante violencia psicológica, física y médica”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/David Fernández
Denunciar
Y es que estas personas “están sometidas a extorsiones, chantajes emocionales y amenazas por parte muchas veces de sus propios padres, que casi nunca denuncian porque denunciar que han sido sometidos a estas prácticas puede suponer denunciar a sus propios padres que les obligaron a acudir a ellas. O porque denunciar puede suponer denunciar al sacerdote que conocen desde niños”.
En la misma línea, el parlamentario socialista Santiago Rivero ha criticado que los grupos de la derecha se vanaglorien de su “racismo, xenofobia y transfobia”. “En pleno siglo XXI deberíamos estar todas y todos de acuerdo, salvo los escaños que están por allá arriba, en que este tipo de prácticas son torturas. Y si estamos de acuerdo en que este tipo de prácticas son torturas, aquí se acabó el debate”, ha expresado.
Por el contrario, la diputada de Vox Belén González ha criticado que la izquierda pretenda imponer un “control total de la opinión y la anulación de cualquier alternativa que no encaje en su relato”. “Esta iniciativa no solo evidencia su desprecio de la libertad, sino que también refleja la ausencia de empatía y compasión, la frialdad con la que ignoran el sufrimiento ajeno y la falta de humanidad en su manera de concebir el mundo. ¿Cuántas personas, en momentos de incertidumbre y confusión, habrían necesitado una mano amiga en lugar de un dogma impuesto?”, se ha preguntado.
