Legisladores de partidos opositores, docentes y gremios del ámbito educativo denunciaron que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impuso restricciones de opinión, en cuanto a temáticas vinculadas a la política, la sexualidad y género, etnia y religión.
Según estos involucrados, se censura la libre expresión y se promueve la persecución de los docentes para silenciar inquietudes y necesidades de los estudiantes.
Otro tema que preocupa está relacionado también con el control de la opinión de los alumnos, ya que un artículo establece que los docentes deberán dar aviso a las autoridades si estos plantean inquietud sobre alguno de estos temas.
Por tal motivo, ya anunciaron que presentarán un proyecto para derogar ese artículo de la normativa por tratarse de un instrumento de control, elaborado a espaldas de los protagonistas del proceso educativo.
El Reglamento Escolar para este año, aprobada por la ministra de Educación del gobierno porteño, Mercedes Miguel, se enmarca en la Ley de Educación Nacional (LEN) N° 26.206. La resolución 2796/24, firmada el 27 de diciembre pasado, pretende establecer normas claras para mantener un ambiente neutral y respetuoso, inclusivo y equitativo.
Según distintas fuentes, con estos artículos específicos se quiere garantizar un ambiente de aprendizaje que respete los derechos de los menores y su libertad de conciencia. Por lo tanto, señalan que las opiniones de los docentes no deben influir indebidamente en temas sensibles.
El foco está puesto en cada alumno para que ellos se formen en las convicciones propias de su ambiente, “sin influencias inapropiadas de una autoridad en el aula”. La educación es un espacio de aprendizaje, no de adoctrinamiento. Según algunos funcionarios del Ministerio, la norma no impide el tratamiento de los temas sino que establece un abordaje más adecuado, con equipos especializados, para respaldar la diversidad de pensamiento en la comunidad educativa.
