Al Vaticano no le salen las cuentas. Tanto es así que, por primera vez en la historia de la Iglesia, el Papa ha rechazado la aprobación de unos presupuestos generales. En este caso, para el ejercicio de 2025. Según ha podido confirmar ‘Vida Nueva’, el Pontífice habría tumbado la previsión elaborada por cada uno de los departamentos identificados estrictamente como Curia, así como las de las demás instituciones que, de una manera u otra, están vinculadas a ella, sumando cerca de 150 entes.
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Y todo después de haberlos presentado ante la Secretaría de Economía y constatar que no responderían a las constantes llamadas a la austeridad realizadas por el propio Francisco para evitar una bancarrota real, teniendo en cuenta que en 2023 el déficit superaba los 83,5 millones de euros. De poco sirve que se cuente con un patrimonio neto que rondaría los 4.000 millones de euros, si muchos de los bienes no están disponibles de ‘facto’ para hacer frente a las deudas.
Ante este escenario, que busca algo más que un cambio de actitud en los responsables de cada una de las áreas y de sus equipos, se abrían dos posibles vías de actuación por parte del Papa y de la Secretaría de Economía.
- Por un lado, se podría haber actuado como se procede en Estados Unidos, con un ‘government shutdown’, un escenario que se da cuando demócratas y republicanos no logran aprobar los presupuestos o el presidente los ha vetado. De un día para otro, se cesan todos los servicios públicos que no sean esenciales, lo que implica que los funcionarios no pueden acudir a su puesto de trabajo ni recibir su sueldo. Un freno en seco de toda la actividad.
- Descartada esta alternativa, también se podría haber optado por una dinámica a la española; esto es, prorrogar los presupuestos del año anterior, a sabiendas de que, probablemente a final de año, de una manera u otra, se podría disparar de nuevo el descuadre de los balances.
Sin embargo, desde el ministerio vaticano de Economía, que dirige el prefecto español Maximino Caballero, se ha apostado por una vía intermedia con sello propio. El Pontífice argentino ha dado un voto de confianza a todos y cada uno de los departamentos durante este primer trimestre del año y ha permitido que siga funcionando el engranaje. Con una condición: que cada uno de los entes reformule a la baja sus presupuestos y vuelvan a presentarlos para su correspondiente supervisión y aprobación.
En total, los gastos de la Santa Sede en 2023 llegaron a los 495,4 millones de euros, aumentándose los gastos de personal, administrativos y generales un 6%. Se debió principalmente a la inflación, pero también por la recuperación de la actividad tras la pandemia. En paralelo, se ingresaron 483,7 millones de euros ese mismo año, unos 33,3 millones más que el anterior. De esta manera, el Vaticano contaría con cuatro fuentes principales de financiación.
- La primera partida son los ingresos propios (205,3 millones), en los que el mercado inmobiliario representa el 50% (101,7), frente a las operaciones comerciales (73,4) y los servicios (30,2).
- Las donaciones, en un constante descenso, alcanzan los 217,6 millones.
- La contribución del Governatorato se cifra en 15 millones,
- mientras que los ingresos financieros se sitúan en 16,8 millones.
Así se detalla en el último balance público presentado por la Secretaría de Economía, que reconoce una evolución positiva de estos últimos años, “como consecuencia de una gestión más eficiente”. Sin embargo, a renglón seguido, el informe anual apunta que el esfuerzo hecho hasta ahora “no es suficiente para compensar el aumento de gastos debido principalmente al impacto de la inflación”. La Santa Sede incrementó su déficit operativo estructural en más de cinco millones de euros, situándose en 83,5.
Y esta es la cifra que verdaderamente preocupa al Papa y a su entorno. Porque, mientras la cuenta de pérdidas y ganancias de 2022 arrojó más de 114 millones de euros de ingresos extraordinarios, que fueron suficientes para compensar ese déficit operativo, en 2023 no ha existido una partida similar que pueda servir de colchón. Tampoco permite dar un vuelco a este escenario el hecho de que los ingresos inmobiliarios hayan crecido un 8% o que los beneficios por actividades comerciarles hayan aumentado un 14%, impulsados por la Fábrica de San Pedro, la institución que gestiona la basílica vaticana. A la par, el balance alerta de que “los esfuerzos en reducción de gastos no son suficientes debido a la inflación y al aumento de los costos obligatorios del personal”.
El Óbolo, casi a cero
¿Y no se podría tirar de ahorros o de venta de inmuebles o de lo invertido en fondos de inversión para salir del atolladero? “Sería pan para hoy y hambre para mañana”, exponen expertos economistas consultados. Al parecer, la hucha del Óbolo de San Pedro, que antaño funcionaba como una especie de seguro de vida ante eventuales crisis, estaría prácticamente a cero. Es decir, que ese remanente que siempre han supuesto las donaciones que la Iglesia universal realiza al Papa para que lo destine a aquello que considere oportuno, no sería suficiente para paliar el déficit. Por otro lado, deshacerse de edificios y apartamentos ubicados tanto en Roma como en otros lugares de Europa que pertenecen a la Santa Sede, así como, por ejemplo, la venta de activos patrimoniales, podría dilatar la situación unos 15 años, pero igualmente se esfumaría la liquidez y no se resolvería el fondo, que pasa por sanear y adelgazar estructura.
La situación no es nada halagüeña a corto y medio plazo por la falta de tejido productivo. O lo que es lo mismo, la Santa Sede no genera ingresos suficientes, incluido el montante de las entradas y el merchandising de los Museos Vaticanos, como para hacer frente a todos los pagos que debe hacer. Y, aunque algo contribuirá, tampoco se convertirá en un salvavidas la entrada de divisas por las aportaciones hechas por los peregrinos a través de un Jubileo que está previsto que atraiga a Roma este año a más de 40 millones de personas de todos los rincones del planeta.
Los datos avalan el imperativo papal de ajustarse el cinturón sí o sí. Sin embargo, los presupuestos ahora rechazados hablan de cómo los líderes de los departamentos de la Santa Sede pudieran parecer ajenos a ajustes tales como el hecho de que hace un año el Papa derogase las normas que permitían el uso gratuito o a precio reducido de los inmuebles a la Curia, de tal manera que los cardenales y otros altos cargos tienen que pagar el alquiler de sus apartamentos a modo de “sacrificio extraordinario”. Tampoco parece que hayan interiorizado la carta que Francisco les dirigió el pasado septiembre, en la que instaba a cada uno de ellos a aplicar una “gestión transparente y responsable”, con “rigor y seriedad para que no se dispersen los esfuerzos de quienes han contribuido al patrimonio de la Santa Sede”.
Con este punto de partida, Jorge Mario Bergoglio les instaba a establecer una clara y nítida selección de prioridades en materia de gastos, dejando a un lado los que puedan ser superfluos y aportando al fondo común aquellos departamentos que registren superávit, siguiendo el modelo de “solidaridad de las buenas familias”. Además, el Papa les alertaba de que era el momento de acometer “un esfuerzo ulterior por parte de todos para que el ‘déficit cero’ no sea solo un objetivo teórico, sino una meta realmente realizable”.
Lo cierto es que los números rojos de las finanzas pontificias no es una ni una sorpresa ni un descalabro de anteayer. El propio Pontífice lo dejaba caer en esa misma carta al recordar que fue una de las principales emergencias que se pusieron sobre la mesa de operaciones de los cardenales durante las congregaciones generales previas al cónclave que le eligió sucesor de Pedro en marzo de 2013. Fue ahí donde se puso negro sobre blanco en la relación con el descontrol que se venía arrastrando desde hacía décadas, incluso antes del pontificado de Juan Pablo II. Unos problemas que comenzaron a visibilizarse con Benedicto XVI, que se habría visto con algo más que dificultades para plantar cara a lo que algunos han denominado una “aluminosis” estructural.
Francisco asumió el encargo de poner en marcha una reforma integral del edificio económico de la Santa Sede desde el primer día, una travesía que no ha estado exenta de zancadillas. Por un lado, la elección del ya fallecido cardenal George Pell como primer prefecto de la Secretaría de Economía, en febrero de 2014. El purpurado australiano desembarcó con un equipo de asesores externos, dispuesto a levantar alfombras. Y, justo cuando se disponía a acometer la que se podría denominar como “primera limpieza a fondo”, se veía imputado por supuestos abusos a dos niños de un coro. Se vio obligado a dejar su puesto, fue condenado y pasó 404 días en la cárcel en régimen de aislamiento. Sin embargo, en 2020 la Corte Suprema de Australia anuló su condena. Francisco siempre respaldó su honestidad y, a toro pasado, Pell confesó en una entrevista a ‘Vida Nueva’ que “mi mayor error fue subestimar las fuerzas oscuras del Vaticano”. “Fui un cabeza de turco”, sentenció.
Apuesta por Guerrero
Con estos precedentes, el Papa jesuita nombraba en noviembre de 2019 como prefecto de Economía a Juan Antonio Guerrero, un sacerdote español de la Compañía de Jesús, que se puso manos a la obra, flanqueado como secretario por el economista Maximino Caballero, un laico de Mérida que dejó su trabajo en Estados Unidos pilotando las finanzas de una multinacional sanitaria para mudarse con su familia a Roma y ponerse al servicio de Francisco. Este relevo marcó un antes y un después a la hora de poner al día las cuentas vaticanas. Sin embargo, la enfermedad obligó a Guerrero a echarse a un lado y, en diciembre de 2022, Caballero era nombrado prefecto en un relevo natural.
Tal y como cuentan fuentes vaticanas, con ellos “se empezó a desarmar a cuantos metían la mano en el cepillo y tenían sus negocios paralelos desde hacía décadas, lo mismo realquilando inmuebles que blanqueando a través del banco vaticano, el IOR, que pagando con sobres determinados servicios para tener un trato VIP”.
El episodio más relevante que refleja este tipo de prácticas a erradicar es, sin duda, el llamado caso Becciu, el primero en la historia de la Iglesia de un cardenal condenado por estafa y malversación por el propio Vaticano, al estar involucrado en la compraventa de un edificio de lujo en Londres por valor de unos 300 millones de euros. El Papa le llegó a despojar de todas sus competencias como purpurado, incluida la prohibición de participar en un cónclave. Junto a Becciu, fueron condenados otras ocho personas, que también se aprovecharon del desorden eclesial reinante.
