En declaración pública, la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile expresa su preocupación por la desaparición de Julia Chuñil, dirigente mapuche de 72 años, presidenta de la “Comunidad Indígena Putreguel”, de quien no se tiene noticias hace 100 días. Chuñil es reconocida por su labor en la defensa del bosque nativo y la protección de tierras ancestrales mapuche en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.
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La Comisión pide al Estado intensificar las acciones de búsqueda y acentuar la comunicación de este hecho. “El silencio de estos meses nos preocupa, su familia hijos y nietos y su comunidad, esperan una respuesta que dé claridad sobre lo sucedido a esta dirigenta ancestral”, señalan.
Días antes, la Red Eclesial de Justicia y Paz en la Patria Grande, que agrupa a las Comisiones de Justicia y Paz de 14 países de América Latina y el Caribe, hizo llegar una carta al presidente de Chile, Gabriel Boric, en la que expresan su preocupación por la desaparición de esta dirigente y, “conocedores de su sensibilidad social, solicitar sus buenos oficios para agilizar su búsqueda”.
La carta, firmada por los coordinadores de la Red, pide que se aplique el Acuerdo de Escazú, firmado por el Gobierno de Chile, implementando acciones para garantizar la protección de quienes defienden la naturaleza.
No se la volvió a ver
El 8 de noviembre pasado, Julia Chuñil, de 73 años, salió de su casa en la comunidad mapuche Putreguel, en la comuna de Máfil, 814 kilómetros al sur de Santiago, acompañada de su perro a buscar animales de su propiedad. No se la volvió a ver. En la búsqueda, al día siguiente, su familia encontró su bastón a 2 kilómetros de su hogar en un predio de 900 hectáreas de bosque nativo que ella defendía como propiedad de su comunidad, en litigio con un no indígena que lo reclama como suyo.
Declaraciones de sus familiares aseguran que ella había recibido amenazas por la defensa de ese predio, en varias ocasiones, ya desde el 2018.
Consultada por Vida Nueva, Carmen Gloria Donoso, presidenta de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de Chile, dijo que estaban siguiendo estos hechos casi desde que se supo la desaparición de Julia Chuñil. “No habíamos hecho ningún pronunciamiento porque las acciones las estaban llevando otros grupos, con manifestaciones frente al Palacio de La Moneda, todas las semanas”. Ahora, al cumplirse 100 días sin información y mucho silencio, “creíamos que ameritaba una propuesta nuestra, exigiendo a los medios de comunicación que rompieran el silencio y al Poder Judicial que entregue información puesto que la familia está desinformada”.
Carmen Gloria agregó que a partir de marzo reforzarán acciones de coordinación con otras organizaciones, en primer lugar, buscando que se aplique el Acuerdo de Escazú, que firmó el gobierno de Chile.
Querella criminal
El lunes 11 de noviembre, tres días después de la desaparición de Julia, su familia presentó una denuncia por presunta desgracia. Desde entonces, cada día, junto a lugareños, han salido a buscarla. Durante las primeras horas de búsqueda identificaron huellas de una camioneta, amplias y profundas, que en esa zona de bosque y matorrales, es inusual. La lluvia de esa noche borró el rastro.
La familia fue contactada por la ONG ambiental Escazú Ahora, que aportó brigadistas para la búsqueda y, paralelamente, llevar el caso al Congreso Nacional a fin de darle visibilidad al caso. A comienzos de diciembre, asesoró, además, la presentación de una querella criminal contra todos quienes resulten responsables.
En la misma región donde vive Julia Chuñil, en 2016 se encontró sin vida en su casa a Macarena Valdés, activista y defensora ambiental, que lideró la oposición a la construcción de una hidroeléctrica y por ello sufrió hostigamiento. Inicialmente, se indicó que la causa de su muerte era suicidio. Sin embargo, fue descartado por su familia, que solicitó nuevos peritajes. Hasta ahora, no se ha determinado sus responsables.
Según la Fundación Escazú Ahora, durante 2023 se registraron en Chile 35 casos de amenazas, que afectaron a 20 personas, de las cuales el 65 por ciento son mujeres. Las agresiones documentadas por la Fundación incluyen amenazas verbales y psicológicas; violencia física e intentos de homicidio; amenazas por correo electrónico y mensajes de texto; invasiones a inmuebles, seguimiento de vehículos y rondas sospechosas; violencia contra animales; amenazas escritas, persecución y falsificación de información.
