Escuelas Católicas ha expresado, este martes, su preocupación ante la aplicación de la nueva tasa de residuos derivada de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que está “generando un fuerte impacto económico en los centros educativos”.
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“La norma obliga a los ayuntamientos a establecer esta tasa antes de abril de 2025, pero su falta de concreción y la discrecionalidad en su aplicación han llevado a que algunos municipios impongan cuotas desproporcionadas, basadas en criterios como la superficie o el valor catastral de los inmuebles”, señalan desde la organización.
“Las ordenanzas municipales deben aplicar el principio de que ‘quien contamina, paga’, esto es, ‘quien más contamina, más paga'”, continúa Escuelas Católicas. Sin embargo, “numerosos ayuntamientos están obviando este criterio de base y plantean fórmulas de cálculo de la cuota que solo tienen en cuenta aspectos que no demuestran la capacidad de generación de residuos del sujeto pasivo (superficie…), lo que se traduce en liquidaciones injustas y contrarias a derecho”.
Asimismo, la organización subraya que la ausencia de exenciones o bonificaciones para los centros concertados, justificadas por el hecho de ser prestadores del servicio público de educación y por su falta de capacidad contributiva, al no recibir financiación pública para hacer frente a este coste, aumenta la precariedad económica de la red concertada y puede ser el ‘golpe de gracia’ para muchos de ellos.
Una clase en un colegio de educación concertada
Impugnar las liquidaciones recibidas
Ante esta situación, Escuelas Católicas ha tomado medidas para proteger a los centros educativos afectados. Se han presentado impugnaciones judiciales contra la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, y varias entidades titulares de colegios han interpuesto sus propias demandas al considerar que la norma no se ajusta a derecho.
“Escuelas Católicas continuará recurriendo aquellas ordenanzas municipales que no tengan en cuenta las circunstancias especiales de los centros concertados católicos”, señalan. Asimismo, la organización insta a los colegios afectados “a impugnar individualmente las liquidaciones que reciban, ya que una resolución favorable contra las ordenanzas municipales no extendería automáticamente sus efectos a quienes no hayan presentado recurso”.
Además, para apoyar a los colegios en este proceso, Escuelas Católicas ha encargado a un despacho especializado en fiscalidad municipal la elaboración de un informe jurídico con opciones de reclamación y modelos de recursos administrativos.
