El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha manifestado su apoyo a una “acogida y una justa distribución” de los menores migrantes que llegan a las Islas Canarias por todo el territorio español. Según afirmó en rueda de prensa, la Iglesia defiende que esta medida se lleve a cabo con base en la “dignidad humana y el bien común”.
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Argüello recordó que la Iglesia ha mantenido históricamente una posición de colaboración con las dos diócesis de Canarias, que, según él, “hacen un esfuerzo enorme” en la atención a los migrantes. En este sentido, expuso tres principios fundamentales para abordar la situación: el derecho a no emigrar, la lucha contra las mafias que trafican con personas y el reconocimiento de la dignidad de los migrantes.
Tres principios fundamentales
El primer principio, el derecho a no emigrar, implica analizar las condiciones en los países de origen y promover un compromiso de la Unión Europea para mejorar la situación en estas regiones. En segundo lugar, subrayó la necesidad de combatir las mafias que trafican con personas y que, según denunció, “se lucran del sufrimiento humano”. Finalmente, una vez que los migrantes ya están en España, insistió en la importancia de reconocer su dignidad y garantizar su adecuada acogida.
Durante la firma del protocolo de adhesión de la archidiócesis de Valladolid al Programa Rehabitare (que tiene como objetivo incrementar el parque público de alquiler social de la Comunidad y fijar población en el medio rural, a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal), Argüello destacó que la Iglesia, a través de diversas organizaciones, ya participa activamente en la acogida y colaboración con migrantes.
Argüello firma el Programa Rehabitare de la Junta de Castilla y León para fomentar el alquiler social.
Debate político
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también se pronunció sobre el tema y reafirmó el carácter “solidario” de la comunidad autónoma. No obstante, exigió al Gobierno de España una “política de Estado seria sin privilegios para unos territorios en detrimento de otros”.
Suárez-Quiñones criticó la aprobación del Real Decreto Ley por el cual se establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Según él, estas medidas deben acordarse en la Conferencia Sectorial de Migración, evitando “imposiciones” que puedan beneficiar a unas regiones sobre otras, haciendo referencia a acuerdos alcanzados con Cataluña. Por su parte, el arzobispo Argüello reiteró su respaldo a una “distribución justa” de los menores migrantes, defendiendo la importancia de buscar soluciones que prioricen el “bien común” y permitan, en la medida de lo posible, que los menores puedan reunirse con sus familias.
