El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, criticó el proyecto de ley del Parlamento uruguayo para despenalizar la eutanasia en el país sudamericano y, como alternativa, pide que se reglamente la que considera una “buena ley de cuidados paliativos” ya aprobada.
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Para el prelado, el texto legal es un “error y que además se está jugando con un tema que para nosotros uruguayos es fundamental, dada la realidad de nuestro país, que es defender siempre la vida“, expresó en declaraciones a Radio Montecarlo.
El proyecto de ley fue archivado en la anterior legislatura por falta de acuerdo en el Senado. Plantea que la eutanasia se pueda aplicar en circunstancias específicas, como patologías graves o terminales, con el argumento del “ejercicio de la libertad fundamental de las personas a determinar su proyecto de vida” y a “ejercer la autonomía sobre sus cuerpos”, según la exposición de motivos. “Se plantea el libre albedrío y la posibilidad de evitar sufrimientos que entiendan insoportables según su percepción personal”, se asegura en el texto.
Frente a la reforma, Sturla remarca que “la Iglesia también rechaza el ensañamiento terapéutico, es decir, no se trata de que la gente que está en una situación terminal siga viviendo con medios extraordinarios, sino de acompañar con cuidados paliativos los últimos momentos de su vida“.
Avales profesionales
El diputado Felipe Schipani, uno de los impulsores, explicó que si prospera la aprobación, el procedimiento comienza con la iniciativa del paciente, que debe solicitar la asistencia por escrito a su médico. El profesional se encarga de evaluar si cumple con las condiciones y debe mantener una charla con él para darle información sobre los tratamientos disponibles (como los cuidados paliativos). El tratamiento luego debe ser avalado por un segundo médico. Cuando están los dos avales profesionales, quedan dos instancias más: una segunda entrevista y un espacio en el que el paciente debe ratificar su voluntad, informó Infobae.
De aprobarse este proyecto, las personas que podrían acceder serían las mayores de edad aptas psíquicamente, que padecen una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables o irreversibles, que “menoscaben gravemente su calidad de vida”. El proyecto está pensado para quienes tienen sufrimientos “insoportables” y apunta a que tengan una muerte “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”. No obstante, la decisión es revocable.
