Nuevamente la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) expresa su oposición al Decreto dictado por el Gobierno para modificar el actual reglamento que regula la objeción de conciencia en casos de aborto, restringiendo el uso de ese derecho.
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Con la firma del Presidente de la CECH, René Rebolledo, fue ingresado un “téngase presente” a la Contraloría General de la República con argumentos sólidos, en 25 páginas, para fundamentar que no se debe tomar razón de dicho Decreto.
Promover y defender la vida
En junio del año pasado el Comité Permanente del Episcopado en su declaración “Promover y defender la vida para un futuro compartido como país”, emitida ante el anuncio del presidente Gabriel Boric de presentar un proyecto de ley que legalice el aborto y la eutanasia, lamentaba “profundamente estas iniciativas, que atentan contra el valor sagrado e inviolable de la vida humana. Cuando el país y la misma autoridad están empeñados y haciendo grandes esfuerzos por crear un ambiente de mayor seguridad y de un mejor cuidado de la vida de todos, estas propuestas resultan contradictorias con ese afán”, dijeron los obispos.
Ahora nueve meses más tarde, la presentación de los obispos señala que “el Decreto gubernamental discrimina arbitrariamente y se perjudica a quienes se declaren como objetores de conciencia. Se mantienen exigencias infundadas en los procesos de manifestación de voluntad para ser objetor. Se favorece a quienes no son objetores en la repartición de turnos. En definitiva, se insiste en los mismos vicios inconstitucionales e ilegales ya existentes en la propuesta de modificación presentada en mayo del año 2024”.
Vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad
El documento del presidente de la CECH expresa que “si se compara el nuevo ingreso con el realizado a finales de mayo del año 2024, y considerando que ya fueron advertidos los vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, se observa que no se realizan cambios sustanciales a lo originalmente propuesto. La autoridad ejecutiva insiste, con obstinación y contumacia, en modificar el Decreto haciendo caso omiso a los vicios que tanto esta autoridad como el Honorable diputado Diego Schalper advirtieron en sus respectivas presentaciones”.
Los obispos afirman que la Constitución del país reconoce la igualdad ante la ley: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias” y el principio de no discriminación: “no podrá discriminarse a ninguna persona que haya manifestado su condición de objetor de conciencia”.
Concluye el documento solicitando a la señora Contralora General de la República “tener presente lo expuesto y no tomar razón de las medidas contenidas en el Reglamento N° 22, de fecha 30 de mayo de 2024, (…) que fueron debidamente individualizadas en el cuadro de la letra A, apartado número 2, capítulo III, del presente escrito, representando su inconstitucionalidad e ilegalidad”.
