El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado, este 27 de marzo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, el informe ‘Cuidar con derechos, vivir con dignidad’. Un estudio en el que ha buscado visibilizar la situación de las mujeres inmigrantes y trabajadoras del hogar, que muchas veces atienden a pacientes postrados en su propia casa, reivindicando su derecho “a cuidar y ser cuidadas”.
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La publicación ha sido elaborada por el equipo de trabajo del Área de Mujer del SJM, formado por la Fundación Ellacuría de Bilbao, la Fundación ECCA Social de Sevilla, Pueblos Unidos de Madrid y la delegación del propio SJM en Valencia. También han contado con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Derechos garantizados
Desde “el reconocimiento a esta labor y su aporte social”, el informe busca reconocer las “dificultades” que muchas veces padecen estas mujeres, además de proponer “alternativas” para que “los derechos a cuidar y ser cuidadas sean realmente garantizados en la sociedad”.
En la presentación, Susete Mourato, investigadora y autora principal del informe, ha lamentado que “el sistema actual de cuidados a personas en situación de dependencia no garantiza su universalidad, sino que reproduce desigualdades de género y favorece la explotación laboral de las personas que trabajan en este ámbito”.
Y es que, si bien “cuidar y ser cuidadas es un derecho inherente a todo ser humano”, la realidad es que “sigue siendo un privilegio de unas pocas personas”. Algo que documentan con cifras como estas: “El 58% de las mujeres entrevistadas no han obtenido contrato laboral ni seguridad social; el 35% no ha tenido ni vacaciones pagadas ni descansos; el 40% de las empleadas en régimen externo trabajan más de 40 horas semanales; mientras que casi una de cada cuatro encuestadas admite no tener ninguna oportunidad formativa”.
Maltrato y abusos
Por si fuera poco, una situación extremadamente grave la sufren “el 15% de las mujeres entrevistadas”, que “han sido víctimas de acoso sexual en el entorno laboral”. Y, en algunos casos, “persisten actitudes clasistas, racistas y colonialistas que perpetúan relaciones asimétricas basadas en estereotipos que generan discriminaciones múltiples, como situaciones de maltrato y de violencia sexual en el entorno laboral”.
De un modo más genérico, el informe denuncia que “en España existe una desigualdad estructural en los cuidados, ya que son las mujeres quienes asumen mayoritariamente esa responsabilidad, lo que perpetúa la desigualdad de género y la precariedad de este sector, donde existe una alta informalidad y vulnerabilidad de derechos”.
Igualmente, “existe un modelo de políticas públicas de cuidados deficiente: las mujeres soportan esta carga y suplen dicho déficit en un contexto de mayor envejecimiento de población y de ausencia de medidas efectivas de conciliación”.
Inseguridad jurídica
Sin olvidar que “la complejidad en trámites de regularización administrativa, unida a la falta de información sobre la contratación para ambas partes, genera una inseguridad jurídica, alienta la informalidad laboral y la economía sumergida e invisibiliza esta labor”. Todos estos factores “generan sobreexplotación y tienen un alto impacto en la salud mental y física de las trabajadoras”.
Para paliar estas lacras estructurales, el SJM reivindica que “el Estado promueva políticas que reconozcan los cuidados como un derecho”, así como “facilitar y flexibilizar la regularización y contratación de mujeres migrantes trabajadoras”.
Otras propuestas son “establecer incentivos, asesoramiento y medidas de apoyo para familias empleadoras; prevenir riesgos laborales propios del sector, garantizando medidas de protección y acceso a seguridad social; y promover herramientas de sensibilización social y cambio cultural que visibilicen esta labor esencial y contribuyan a erradicar prácticas discriminatorias hacia las mujeres trabajadoras”.
Urge, en definitiva, “transformar el sistema de cuidados en España, priorizando la dignidad y los derechos de las trabajadoras del hogar y los cuidados. Para lograrlo, es imprescindible la colaboración de las administraciones públicas, las entidades del tercer sector y la sociedad en su conjunto. Solo con un esfuerzo coordinado será posible construir un modelo de cuidados más justo, equitativo y sostenible”.
