Advierten que los más afectados por la modificación de una ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional serán los indígenas y poblaciones vulnerables, tanto de la selva como de las periferias urbanas
Un duro golpe a la democracia y a los derechos humanos. Así calificaron los obispos de la amazonía peruana y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica la modificación de la Ley N° 27692 de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Han dirigido una carta al Parlamento en el que denuncian que este cambio de la Ley “impone nuevas restricciones a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo aquellas vinculadas a la Iglesia, limitando su capacidad de acción en la promoción de derechos humanos, justicia social y desarrollo comunitario”.
Los más afectados serán los indígenas y poblaciones vulnerables tanto de la selva como de las periferias urbanas, “aquellos pueblos y poblaciones, verdaderos movimientos populares, llamados por el Papa Francisco poetas sociales”.
El proyecto de Ley – a puertas de ser aprobado por el Congreso – modifica las relaciones de las organizaciones de ayuda humanitaria y el Estado, obligándolas a someterse a un registro para aprobación previa de sus actividades.
Además la norma prohíbe a las organizaciones “asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales e internacionales contra el Estado”.
Los prelados advirtieron que esta nueva norma podría llevar a interpretaciones arbitrarias, generando un clima de persecución contra quienes defienden los derechos humanos y las comunidades más vulnerables.
“El Estado no puede silenciar a la sociedad civil, dicha acción lo que logra es debilitar la democracia”, apuntaron.
Los obispos han solicitado a Dina Boluarte, presidenta de Perú, “observe la autógrafa del proyecto de ley que modifica la Ley APCI” y detenga su promulgación.
“Rogamos al Señor de la Vida que ilumine con su verdad y justicia las decisiones que ustedes deben tomar en la búsqueda del Bien Común, que haga grande nuestra Patria, donde todas las personas nos reconozcamos como iguales en dignidad y derechos”, argumentaron.
Advirtieron que no se están escuchando las voces de las diferentes instancias nacionales e internacionales que “vienen cuestionando las decisiones del Congreso de la República”, que alertan el incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
