El proyecto de la Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, que buscaba regular a diversas confesiones de fe en Ecuador fue engavetado.
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Aunque por ahora el Parlamento decidió archivar la propuesta, los obispos advierten que esta desde un principio atacaba a 70% de ciudadanos ecuatorianos que se confiesan católicos.
De hecho, denunciaron que un grupo de asambleístas promotores de esta ley difundió “información falsa sobre la Iglesia católica del Ecuador”.
Agradecieron a la Comisión de los derechos colectivos, comunitarios y de interculturalidad de la Asamblea Nacional haber frenado esta iniciativa como también la presión de distintos sectores de la sociedad.
“Toda norma jurídica que garantice el libre ejercicio de la fe religiosa es en sí misma loable y merece una atención responsable. El problema se presenta cuando una ley atenta contra aquello que quiere defender, la libertad y la igualdad”, argumentaron.
Credibilidad de la Iglesia
Los prelados han señalado que los promotores de esta Ley desconocen las relaciones históricas entre el Estado y la Iglesia, que datan de 1937.
“El catolicismo no sólo es la religión mayoritaria en este país, sino que gran parte de nuestra riqueza cultural y de nuestra identidad ecuatoriana está ligada a la fe
católica”, acotaron.
Recordaron que la Iglesia “no es pieza de museo” sino “vitrina que restaura el tejido social”, dando oportunidades a niños y niñas, adolescentes, jóvenes, enfermos, ancianos,
madres violentadas para que recuperen su dignidad.
De hecho, mencionaron que es una de las instituciones con el mayor índice de credibilidad en nuestra sociedad, en los momentos más conflictivos de la vida política han fungido de mediadores.
Han diferenciado entre la verdadera libertad de culto y laicidad, mientras una el estado reconoce a la expresión y propuesta religiosa como un “derecho”.
Obispos mediaron entre Gobierno e indígenas durante paro en 2019. Foto: Presidencia Ecuador
Control ideológico
Los obispos aseguraron que de volverse a presentar esta Ley “no sólo violentará los derechos de la mayoría, sino también de las minorías”.
La laicidad debe reconocer la expresión religiosa como “un derecho”, por ende, bajo ningún concepto se debe “limitar” la actividad de organizaciones religiosas o “sancionar” a aquellas que piensen distinto al gobierno de turno.
Tampoco se pueden “imponer creencias ajenas a sus propias creencias como la ideología de género, o crear instituciones de control y rectoría, o pasar de un sistema de registro a uno de aprobación estatal”.
Todo ello “solo refleja el deseo de imponer un control ideológico contrario a la autonomía de las religiones, que han sido, desde siempre, el último refugio de libertad”.
¿Ser católico es un delito? ¿Los católicos merecemos ese trato agresivo y despectivo? Son preguntas que dejan al aire los prelados y muchas respuestas dependerán de los resultados electorales de la segunda vuelta a mitad de abril, cuando los ecuatorianos elijan a un nuevo presidente.
