“Ha habido un refrendo total, unánime y sin ninguna voz discrepante”. Con esta contundencia, se manifestó esta mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, sobre el respaldo de los obispos al acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno que blinda la presencia de los benedictinos, el monasterio, la hospedería, la escolanía y el culto de la basílica en el Valle de los Caídos.

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En la rueda de prensa con motivo del cierre de la Asamblea Plenaria de los obispos celebrada esta semana en Madrid, el portavoz de los obispos desveló además se mantiene una “plena comunicación” con la Santa Sede al respecto, a la vez que reconoció que, más allá del intercambio de notas filtradas por el Gobierno, no ha habido un texto definitivo detallado sobre cómo se materializará este acuerdo. “Lo único definitivamente acordado, porque el gobierno ha filtrado este proceso de diálogo, es que está acordado que la comunidad benedictina sigue, el mantenimiento de la basílica como espacio sagrado y el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la basílica”, explicitó.

Refrendado por todos

El también obispo auxiliar de Toledo confirmó que esta negociación es fruto del trabajo eclesial a cuatro bandas entre el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, designado como interlocutor por el Vaticano, el presidente de los obispos, Luis Argüello; el nuncio Bernardito Auza y los propios monjes de la abadía. En este sentido, subrayó que Cobo “se han entrevistado varias veces” con los monjes y que todos los actores involucrados, por tanto incluido los benedictinos, “han refrendado” los pilares de esta negociación. “Todavía no se conocen los extremos de esa resignificación ni los tiempos. Eso hay que sustanciarlo en un acuerdo que no está hecho”, apuntó.

En su intervención, el secretario general de los obispos recordó que la intención inicial del Gobierno pasaba por expulsar a la comunidad religiosa y desacralizar la basílica. Incluso, dejó caer que se llegó a sugerir, “aunque no estrictamente a petición del Gobierno, la destrucción de la cruz que preside el conjunto monumental”. Tal y como desveló ‘Vida Nueva’ en su momento, recordó que el viaje del presidente Pedro Sánchez al Vaticano el pasado octubre tenía como objetivo materializar esta resignificación de Cuelgamuros.

Frente a los escraches

Preguntado por las protestas y los escraches sufridos por los obispos a lo largo de esta semana y promovidos por Hazte Oír, el portavoz del Episcopado expuso que era un grupo “muy heterogéneo”: “Había gente que había a hablar y a escuchar, pero también gente que vino a gritar, escuchar y con actitud un poco violenta con injurias y calumnias que se pronunciaron contra los obispos. Se escuchaba a gente que reza el rosario y gente que gritaba contra los obispos”. Aun así, ademitió que “el derecho a manifestación es fundamental, siempre dentro del respeto debido”.

Sobre la posibilidad de que esta negociación sobre Cuelgamuros o el posicionamiento sobre la realidad migrante, pueda afectar al respaldo en la declaración de la renta de algunos creyentes, comentó que “no solo ponen la equis los católicos o los católicos practicantes”. “Es un ejercicio de democracia fiscal”, apostilló.

Otras cuestiones

En el transcurso de su comparecencia a los medios dio a conocer cómo han transcurrido las sesiones de trabajo de estas jornadas, centradas, entre otros asuntos, las líneas pastorales que regirán a la Iglesia española en lo próximo cinco años. De la misma manera, los obispos han avanzado hacia un modelo homologado de rendición de cuentas al abordar la actividad económica de las parroquias y demás instituciones eclesiales. De hecho, se ha nombrado a Paula Alió como nueva administradora general del Episcopado, que, entre otros asuntos, llevará al frente el área de recursos humanos.

De la misma manera, García Magán anunció que, en el marco de la Asamblea Plenaria de noviembre, se llevará a cabo un acto con una declaración conjunta con el resto de confesiones cristianas para conmemorar los 1.700 años del Concilio de Nicea. De la misma manera, se ha aprobado la creación de un Consejo General de la Iglesia en la Educación como foro de reflexión y asesoramiento.

También se ha designado al obispo de Solsona, Francisco Conesa, como responsable español del proceso sinodal que el papa Francisco ha abierto hasta 2028.