(Baltazar E. Porras Cardozo-Vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y arzobispo de Mérida-Venezuela) El secuestro como arma política y económica ha sido una plaga en América Latina. Hoy persiste en Colombia y Venezuela. La guerrilla de las FARC ha hecho del secuestro y la muerte parte de su agenda permanente. Cada día goza de menor credibilidad en Colombia, pero maneja muy bien lo mediático y encuentra eco en una izquierda bobalicona europea que desconoce que lo ideológico juega bien poco hoy, máxime cuando juega con la vida de los demás, entre ellos muchos inocentes y pobres que son los que más sufren las consecuencias de este flagelo. El narcotráfico, el comercio de armas y el tráfico de personas son armas poderosas que generan, además, mucho dinero.
Los secuestrados por las FARC según informaciones conservadoras se cuentan por miles. Es algo que atenta contra el más elemental derecho: la vida. El trabajo de la Iglesia colombiana y de otras instituciones por una cultura de paz y reconciliación en el hermano país ha sido permanente. La patética carta y la foto de Ingrid Betancourt hablan por sí solas. El canje humanitario hay que verlo en toda su crudeza: cambiar unos pocos inocentes por guerrilleros y asesinos detenidos en las cárceles plantea una situación similar a la de los comandos de ETA.
El problema se vuelve complejo con el protagonismo del Gobierno venezolano como mediador para el canje de rehenes. El manejo mediático de asunto tan delicado y la relación diplomática distante con el Estado colombiano le dan un cariz más político que humanitario.
En Venezuela el interés del Gobierno por los rehenes de las FARC ha generado un reclamo por los cientos de secuestrados que hubo el año pasado, muchos sin aparecer, otros muertos, pagos millonarios y zozobra en la gente. La vida es asignatura pendiente en el continente de la esperanza.
Publicado en el nº 2.597 de Vida Nueva (América Latina, página 37).
