CARLOS AMIGO VALLEJO | Cardenal arzobispo emérito de Sevilla
Como no podía ser de otra manera, de cuando en cuando se nota algún ramalazo de vientos secularizantes y anticlericales que vociferan clamorosamente –como si en ello les fuera la vida y la solución de los grandes problemas que afectan a España– por la erradicación de cualquier signo religioso en la vida pública. En esta sociedad, mayoritariamente confesional (católicos, reformados, musulmanes, judíos, budistas…), no tiene cabida expresión religiosa alguna. Lo de la Ley de libertad religiosa quedará en papel mojado.
Nada de hacerse presente, los representantes elegidos por el pueblo, en actos de tipo religioso. Lo sentiremos de veras y les echaremos de menos, pues al fin y al cabo nos gusta tener a nuestro lado a aquellos que nos presiden y cuidan de los intereses comunes. Y si las celebraciones religiosas son las de una minoría confesante, más obligación de hacerse presente, para que esos pequeños grupos no se sientan olvidados. Pero atención, sin utilizar el derecho de las minorías para marginar a lo católico, que es la población mayoritaria.
Después viene lo de las relaciones y acuerdos con el Vaticano. Suprimirlos y sanseacabó. En último caso, una revisión a fondo. El número de estados reconocidos por la ONU es de 193. La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 180. Supongo que no querrán nuestros gobernantes proclamar, también en esto, que España es otra cosa: Spain is different.
La capilla papal no es tanto un espacio religioso destinado a la piedad papal, cuanto una celebración solemne y pública, con la participación de cuantos forman la Curia pontificia. Podrán comprobar ustedes la presencia, en algunos de esos actos, de los embajadores de los países con los que mantiene relaciones diplomáticas la Santa Sede. Muchos de estos embajadores provienen de estados con amplia mayoría de confesiones no cristianas. Seguro que, por la presencia de estos diplomáticos, no se desmorona el carácter aconfesional de los Estados que representan.
Después vendrá todo el capítulo de los privilegios y exenciones, que no son tales, sino reconocimiento a la labor social que se realiza. Valga un tanto de lo mismo para el famoso Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del que por cierto se libran de pagar todas aquellas instituciones, no solo la Iglesia, que realizan actividades no lucrativas. Y en aquellas en las que reciben beneficios económicos, ya lo están pagando como todo hijo de vecino. Tampoco estaría de más recordar la Ley del Mecenazgo. Aquí puede entrar también toda la ingente labor social, educativa y cultural que realiza la Iglesia católica.
Lo de la escuela y la educación religiosa en el ordenamiento académico es lamentable. La llamada concertada es una escuela pública, pero de iniciativa social, que puede ser de titularidad religiosa o no. El reconocimiento de los derechos de los padres y los de la libertad de enseñanza parece que también quieren olvidarse. Los derechos no se otorgan, se reconocen. No olvidemos lo de un Pacto de Estado por la Educación. Los padres y educadores claman por ello desde hace años. Esperemos que algún día…
En el nº 2.963 de Vida Nueva.
