La cruzada contra las drogas del presidente filipino, Rodrigo Duterte, y su intención de restablecer la pena de muerte son “cuestiones en las que persisten desacuerdos de base” entre la Iglesia católica y el mandatario del país asiático. Sin embargo, “no debemos dejar que estas diferencias nos impidan cooperar”, ha advertido el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Lingayen Dagupan, Sócrates B. Villegas.
A esta voluntad de aliviar tensiones y tender puentes respondería, según Eglises d’Asie (EDA) –agencia de información de las Misiones Extranjeras de París–, el encuentro informal que el propio Sócrates mantuvo a principios de abril con varios miembros del Gobierno. Esta reunión tiene lugar mientras Duterte prosigue con sus operaciones policiales antidroga, además de reforzar su política de rehabilitación con más centros de desintoxicación. Una labor que la Iglesia católica ya viene desarrollando con programas en esta dirección. Se da el caso, incluso, de que no pocas parroquias acogen a personas perseguidas por las autoridades y amenazadas de muerte por consumir drogas.
Desde la llegada al poder de Duterte en junio de 2016, la Iglesia católica se viene manifestando abiertamente contraria a la campaña antidroga del Ejecutivo, que –según medios locales– habría acabado con la vida de casi 8.000 personas en ocho meses.
También el clero y la jerarquía del primer país católico de Asia han declarado su oposición al proyecto de ley aprobado en marzo por los diputados para reinstaurar la pena de muerte, hasta el punto de que algunos prelados han apoyado públicamente la destitución del presidente propuesta por miembros de la oposición.
Listas de sospechosos
A finales del mes pasado, para ganarse el favor de la Iglesia católica, Duterte le ofreció participar en la designación de los denominados captain barangay o cabezas de distrito, encargados también de liderar la lucha contra la droga en los diferentes barrios. Antes de cualquier intervención policial antidroga ellos son los responsables, por ejemplo, de confeccionar una lista de sospechosos. De hecho, algunas de las personas que figuraban en estas listas fueron asesinadas por asaltantes no identificados tras haber sido denunciadas, a veces de manera errónea.
Si bien el arzobispo Villegas ha desvelado que durante la citada reunión con representantes gubernamentales se llegó al acuerdo de mantener el diálogo entre ambas partes, el presidente del Episcopado filipino aseguró temer “que nuestro silencio se interprete como una forma de aprobar estas muertes”. El Gobierno, por su parte, entiende que “las declaraciones de la Iglesia católica no son ‘en contra del presidente’, sino en contra de algunas de sus políticas”, aclaró el portavoz presidencial, Ernie Abella, antes de subrayar que “las luchas de poder entre la Iglesia y el Estado pertenecen a un pasado lejano”.
