El 4 de abril, en el Senado, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, explicó el plan del Gobierno de crear tres nuevos centros de internamiento de extranjeros (CIE), en Algeciras, Málaga y Madrid, donde ya está el de Aluche. Un anuncio que no ha dejado indiferente a las comunidades cristianas que acompañan a inmigrantes, empezando por la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Contactado por Vida Nueva, su director, el jesuita José Luis Pinilla, ha mostrado su pesar: “En el documento Iglesia, servidora de los pobres, de 2015, la CEE dice rotundamente: ‘Los más pobres entre nosotros son los extranjeros sin papeles’. No parece que la forma más adecuada de abordar su situación sea la de aumentar los centros de internamiento…”.
“En vez de apostar por una acción integral –lamenta–, lo que se hace con medidas como esta es poner parches, dar soluciones inmediatistas que no resuelven el problema y que, no lo olvidemos, producen mucho sufrimiento, pues lo que se siguen posponiendo son las soluciones justas. Parece que nos han robado la imaginación para bucear en soluciones que no hagan sufrir”.
¿Una excepción?
Pinilla reconoce como una buena noticia “el anuncio de una mejor atención social que pueda sustituir a la presencia policial en la relación directa con los internos”, pero advierte que, al aumentarse el número de centros, se consolida un modelo que debería ser una “excepcionalidad jurídica”. “No olvidemos –abunda– que muchos de los internados son personas sin otro delito que el de buscar un futuro a salvo, y por ello son recluidas o ven sus libertades restringidas”.
Por último, a su juicio, todo forma parte de una política global del Gobierno, que busca “prolongar el control fronterizo”, olvidando que “son necesarios programas que vayan más allá de la protección de fronteras”.
La Iglesia, recuerda, pide que “no haya más centros y sí alternativas a los mismos”. Pero, mientras los CIE existan, “siempre estará preocupada porque se cumplan los derechos de las personas que hay en ellos”. Algo por lo que vigilan “los capellanes en los CIE, testigos proféticos del sufrimiento humano y familiar”. En este momento, informa Pinilla, esos capellanes están en “un proceso de evaluación del convenio con el Ministerio del Interior para la atención pastoral integral a los allí detenidos”. Por el actual, se puede celebrar con ellos la eucaristía dominical.
Un espacio donde se priva de libertad
Santiago Yerga, abogado de Pueblos Unidos, entidad jesuita presente en varios CIE, comenta que estos centros “vienen demostrando constantemente su ineficacia como instrumento para impedir la inmigración irregular”. Además, “constituyen un espacio en el que se priva de libertad (y no solo de libertad) a personas cuya única infracción es querer un futuro mejor para ellos y sus familias”.
De ahí que pida al Ejecutivo ser consecuente con la anunciada “revisión del actual modelo policial que se aplica en los CIE”, pues “sorprende que esa revisión tenga como hito principal la construcción de nuevos centros y no la superación del concepto de CIE”.
Ejemplo del rechazo que suscita la reforma es “la reacción contraria en el Ayuntamiento de Málaga, presidido por un alcalde del mismo partido que el que dirige el Gobierno”. Y es que, como concluye Yerga, cabe preguntarse “si no sería más razonable destinar las importantes cifras económicas que supondrán estas nuevas construcciones al favorecimiento de la población migrante en España y, de este modo, mejorar la cohesión social”.
