“Se mercantiliza la mujer y el hijo se convierte en un objeto de consumo”. Así se manifestaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ante el informe del Comité de Bioética sobre la gestación subrogada en el que solicita “promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohiba la celebración de contratos por gestación, en garantía de la dignidad de la mujer y del niño”.
Gil Tamayo expresó en La Linterna de la Iglesia, con Faustino Catalina, su “alegría” por el hecho de que, “desde el campo de la ética, se concurra en el discurso público de esta manera”, porque “no vale abordar esta cuestión solo desde un planteamiento político o ideológico”. Lo cierto es que el Comité de Bioética, como órgano asesor del Ministerio de Sanidad, aprobó el pasado 8 de mayo un dictamen en el que reclamó además “sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad”. Aunque el Comité reconoce que “el deseo de una persona de tener un hijo constituye una noble decisión”, subraya que “no puede realizarse a costa de los derechos de otra persona”.
En esta misma línea, el secretario general de la Conferencia Episcopal apuntó que “algo tan serio como un hijo o como la procreación es muy preocupante. Se han desarrollado caminos humanos para responder al deseo de la paternidad. Debemos recuperar el sentido de la humanidad con los vientres de alquiler”.
