Aunque la mayoría de los partidos se ha movilizado para evitar o al menos postergar la muerte del pequeño Charlie Gard, este caso trágico ha rescatado el tema de la eutanasia, mientras se guarda un silencio absoluto de forma habitual sobre los bebés gravemente enfermos que son asesinados.
Al proponer regular esta práctica en 2005, el médico holandés Eduard Verhagen, parte del supuesto de que de los 200.000 niños que nacen cada año en los Países Bajos. En los primeros doce meses que mueren alrededor de 1.000, de los cuales 600 fallecen como resultado de una decisión médica, por lo general sobre la conveniencia de no continuar o no comenzar un duro tratamiento, es decir, para evitar el encarnizamiento terapéutico.
Verhagen inspira lo que se ha llamado protocolo de Groningen, según el cual la posibilidad de intervención se extiende también a una verdadera eutanasia para aquellos niños que “pueden tener una muy baja calidad de vida, sin perspectivas de mejora”. El concepto extremadamente vago de “calidad” de vida, abre varias posibilidades que superan ampliamente el encarnizamiento terapéutico.
Para que este proceso sea legítimo, que por supuesto también requiere consentimiento de los padres, el protocolo proporciona un proceso burocrático complejo ha de ser completado antes y después de la muerte del niño.
En Holanda la eutanasia es legal, y a partir de los doce años, este protocolo, desarrollado por el Hospital Universitario de Groningen y aprobado poco después de la Asociación Holandesa de Pediatría. Sin embargo, no fue votado como ley. Desde ahí, esta práctica podría ser perseguida legalmente, pero en realidad esto no sucede porque los tribunales holandeses hasta ahora siempre han argumentado a favor de los médicos que practicaron la eutanasia, incluso en los bebés.
La situación de ilegalidad de estas prácticas explica por qué no es posible averiguar el número de niños sometidos a este proceso: los médicos, abrumados por la complejidad de los trámites burocráticos, prefieren declarar la muerte natural, incluso cuando intervienen con el propósito de una eutanasia. Basta observar cómo no se cumplimentó ninguna solicitud entre 2012 y 2013, siento más que probable que se practicara alguna eutanasia.
Esto sucede porque al final la opinión pública está en gran medida a favor del protocolo y lo acepte, aunque no esté legalizado.
Sin embargo, hay médicos que han avanzado hacía una posición crítica, especialmente a la hora de elaborar supuestos sobre el futuro de esa “calidad de vida”.
Los críticos también señalan que la autorización de los padres se basa en un concepto muy ambiguo: su respuesta, de hecho, siempre está condicionado por la forma en que los médicos presentaron la situación de los niños, por no mencionar el estado de depresión emocional en el que se encuentran.
Siempre a favor de la eutanasia de los recién nacidos se han mostrado recientemente también dos filósofos en el “Journal of Medical Ethics”, indicando argumentos que hablarían de aborto “justificado”, hasta el punto de llamar a esta eutanasia “post aborto natal”.
La ola de solidaridad y protección que el caso de Charlie Gard ha despertado no debe agotarse en un instante de intensa emoción aislada sino convertirlo en una oportunidad para denunciar los casos más graves con el fin de llevar a los responsables a pensar en la gravedad de lo que está sucediendo ante sus ojos, una ilegalidad no sólo tolerada sino que incluso justificada.
