Urgencias políticas e intereses partidistas hacen que, una vez más, la prioridad de lograr un Pacto de Estado por la Educación se pierda en el horizonte y corra el riesgo de seguir en dique seco, después de una subcomisión parlamentaria rica en testimonios pero sin conclusión alguna.
Mientras, arranca el curso arrastrando vicios de años anteriores: con frentes abiertos por los gobiernos autonómicos sobre la presencia de la Religión en el aula y la aplicación del sistema de conciertos.
Los ataques que desde algunas regiones se viene haciendo a la escuela concertada, fundamentalmente católica, se traducen en acciones encubiertas, a menudo de dudosa legalidad, para cerrar aulas sobre todo en Bachillerato y Educación Infantil. Todo ello sin tener en cuenta la demanda de los padres. Cercenar el derecho a la elección de centro supone un ataque directo a la libertad educativa y empobrece sin duda alguna la pluralidad del sistema de enseñanza.
Frente a la huelga, las manifestaciones o las demandas, la escuela católica apuesta por el diálogo con las administraciones. Pero, para eso, la contraparte tiene que estar dispuesta a hablar, más allá de las medidas cautelares.
